La llamada autogestiónhospitalaria es resultado de la reforma del Estado implementada durante la década de los ’80, cuando por imperio de las instrucciones del Banco Mundial, sensibles sectores de la sociedad como la educación y la salud dejaron de ser una inversión y pasaron a ser un gasto, por lo tanto pasibles de recorte y reducción.

 Fue entonces cuando se redefinieron los roles del Estado estableciendo nuevos límites entre lo público y lo privado, reorganizando el sistema sanitario, donde ha ocurrido en cierta manera un paradoja, pues los hospitales públicos pasaron a ser de autogestión, es decir cotos con su propia burocracia y presupuesto, pero con incidencia social y política, especialmente a la hora de los problemas.

 El eje de esta nueva situación fue la descentralización que no fue sino una transferencia de responsabilidades, capacidades y recursos desde el Estado a un nivel de menor jerarquía. Así fueron transferidos establecimientos hospitalarios nacionales a jurisdicciones provinciales y aún municipales, este movimiento tuvo un rótulo propio que venía a definir este "mix”: Hospitales Públicos de Autogestión.

 Claro es que no siempre los deseos coinciden con la realidad, pues con esta transferencia lo que se buscaba era una mayor eficiencia en la función administrativa y un mejor manejo presupuestario que vendría de la mano de una asignación de recursos más racional. La realidad demostró que no fue así.

 Básicamente cambió el concepto de gratuidad generalizada en el hospital público, lo cual acercaba en cierta manera algo de justicia ya que el arancelamiento en esta nueva circunstancia estaba dirigido a quien tenía un seguro de salud contratado o bien podía pagar las prestaciones. Lógica pura.

 Para poder operar de esta manera, el hospital público adquirió personería jurídica y autarquía en su manejo, la idea era que el gerenciamiento de los recursos resolviese viejos problemas de falta de instrumental, inversiones y capacitación de médicos. Sin embargo, esta autarquía sólo sirvió para generar un espacio de poder propio manejado por los médicos a cargo donde ni siquiera el Gobernador de la Provincia podía actuar en caso de ineficiencia u otro tipo de problemas.

 Así ha ocurrido que a pesar de que bajo la Gestión del Dr. Juan Manuel Urtubey se eliminó la tercerización de empresas privadas o fundaciones, los problemas derivados de la vida hospitalaria no dejaron de tener un impacto político a la hora de la falta de recursos, de material o de profesionales.

 El problema central reside en que existen obligaciones del Estado que nunca debieron monetizarse en el juego del libre mercado porque atañen a valores sociales. El ejercicio de la oferta y la demanda no puede tener a la salud pública como una de sus variantes de inversión porque entonces el número, la estadística, matará –literalmente- al paciente.

 Además existen inconvenientes de orden técnico relacionados al cálculo del monto de los servicios que tienden a quedar desactualizados y no cubren correctamente las prestaciones. Otros temas como la falta de pago o atraso de los seguros de salud determinan que al final el propio hospital deba terminar pagando lo que no debe, reduciendo su capacidad de inversión.

 Finalmente, también está el factor humano, relativo a quienes conducen un hospital de autogestión que bien pueden caer en el error, como también administrar con falta de idoneidad o favoreciendo intereses personales, lo cual configura el cuadro de mayor gravedad en orden a esta autarquía de que goza la institución.

 En resumen es necesario una vuelta a los principios sustanciales que consolidan el derecho a tener un sistema de salud , publicó, gratuito  y DIGNO sobre todo. RAMON CARRILLO, defensor de la salud como un derecho social en la época de la exclusión y la caridad fue secretario de salud precisamente de Perón y planificó la política sanitaria del general , partido al que pertenece el gobernador Urtubey.