Los integrantes del Consejo de la Magistratura destituyeron ayer al juez Electoral y de Registro de Tierra del Fuego, Horacio Maffei, al considerarlo incurso en inhabilidad moral sobreviniente y mala conducta por haberse probado -según los consejeros-, que adquirió de manera irregular e ilegal tierras fiscales a través de su esposa en la zona de Puerto Almanza.
El voto central estuvo a cargo del fiscal de Estado y vicepresidente del Consejo, Martínez de Sucre, quien señaló que «la misión político institucional de este Jurado es la de responder a la ciudadanía si el Dr. Maffei sigue gozando de la idoneidad intelectual, espiritual y científica para detentar esa cuota de poder que el sistema republicano le delega».
No obstante también fundaron sus votos los consejeros restantes. Se consideró que la buena conducta importa no solamente en la medida que la misma haya sido comprobada con pruebas suficientes, en términos de indignidad personal, sino en la medida que la conducta reprochada de los jueces haya generado escándalo social, lo cual viene a deslegitimar la permanencia del magistrado en el cargo, y hacerse merecedor, por dicha razón, del juicio político.
La sentencia sostiene que no se debe «olvidar tampoco la incidencia negativa que produce el comportamiento del Dr. Maffei como magistrado, generando la desconfianza y el descrédito de la sociedad que provocan un grave daño en la imagen del Poder Judicial de la Provincia».
Asimismo se señaló en la resolución de destitución, que Maffei, «en su condición de juez Electoral y de Registro de la Provincia, al tener la digna tarea de aplicar la ley y en su caso de restablecerla, se encontraba obligado a observar una conducta privada y pública acorde con la investidura que representaba».
«Ahora bien; según se colige de las constancias de autos y de las conclusiones señaladas en los puntos 1 y 2 del presente, el juez Maffei incursionó ilegítimamente en conductas disvaliosas con su investidura que han puesto en riesgo la credibilidad en la Justicia».
Agrega que «no podrá obviarse que la ocupación irregular de tierras del Estado y su provecho, amén de ser ilegal, es materia de una alta sensibilidad social en nuestra Provincia que ha requerido en más de una oportunidad la intervención del propio Poder Judicial y de los demás poderes del Estado en pos de alcanzar una solución a tan particular y emblemática realidad».
Como máxima social se sostuvo que «si la ocupación y/o el uso y goce de tierras públicas de modo irregular de parte de cualquier anónimo ciudadano lo descalifica a este de por si frente a aquellos que se someten a las requisitorias legales y administrativas que impone el propio Estado (ya sea provincial o municipal) más aún -se produce dicha descalificación- si quien comete dicha conducta es un juez quien además lo realiza, con fines especulativos y sin necesidad alguna».
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