“Se hicieron las entrevistas a los candidatos, se elaboró un acta de la reunión de la Comisión de Acuerdos pero no hubo dictamen, por lo tanto no se puede realizar la Asamblea Legislativa”, precisó la fuente consultada. Además, el justicialismo anticipó que no presentaría quórum en el encuentro que hoy debería realizarse.

¿Motivos? El senador provincial y presidente del PJ santafesino, Ricardo Spinozzi, no asistió ayer junto a otros legisladores de esa fuerza del sur santafesino porque estarían disconformes porque Binner no envió el pliego para cubrir la Fiscalía Regional y la Defensoría Regional de Venado Tuerto, donde los procesos de selección correspondientes fueron declarados desiertos.

En tanto, otros legisladores de la oposición no habrían concurrido a la Comisión de Acuerdo disgustados con la decisión del Gobernador de impulsar la boleta única para las elecciones primarias y generales de 2011. Mario Lacava y Juan Carlos Mercier también se ausentaron sin fundamentar la decisión.

De esta manera, el debate en torno a los cambios en el sistema electoral colaboraron en hacer fracasar la Asamblea Legislativa donde se tratarían, entre otros, los pliegos de Julio De Olazábal para el cargo de Fiscal General, del rafaelino Ricardo Fessia para el de Fiscal Regional de Santa Fe, del santafesino Carlos Arietti para el de Fiscal Regional de Rafaela y el de Estrella Moreno de Robinson para el puesto de Defensora regional de la Quinta Circunscripción con sede en esta ciudad.

La imprevista demora obligará a que hoy Horacio Betique -provisionalmente a cargo del Senado ya que la vicegobernadora, Griselda Tessio está al frente del Ejecutivo por el viaje de Binner a Uruguay- convoque a una nueva Asamblea Legislativa para el próximo 3 de febrero, una fecha límite en la que se cumplirán los 30 días hábiles, sin tener en cuenta el receso de enero, desde que los pliegos fueron girados a la Legislatura.

Si en los primeros días de febrero la Asamblea no se reúne, entonces los pliegos quedarán aprobados de manera ficta por cumplirse el plazo correspondiente.

Un dato que juega a favor del Gobierno provincial es que ya realizó un pedido de prórroga para la implementación del nuevo sistema de Justicia penal. Ahora se intenta establecer como fecha de instrumentación integral del Código en un plazo que no supere los 180 días desde la asunción en el cargo del Fiscal general y del Defensor provincial.

En la fundamentación del pedido de prórroga, se explica que para que el Poder Ejecutivo decrete la vigencia plena del nuevo sistema de justicia penal deben estar dadas las condiciones para su adecuado funcionamiento y que el 1 de febrero de 2011, la fecha en la que debía comenzar a implementarse gradualmente, era sólo un plazo ordenatorio.