El Honorable Concejo Deliberante de Las Heras aprobó de forma casi unánime la addenda del contrato de concesión del complejo Los Álamos en Uspallata, lugar en el que se realizarían trámites de pesaje, registro y desinsectación de camiones.

El proyecto, que se votó en poco más de media hora, presentó algunos cambios de importancia respecto de aquel contrato que antes sólo era apoyado por el Justicialismo.

Por empezar, el canon que cobrará el municipio por la concesión ya no será del 5% como se había previsto inicialmente, sino que alcanzará el 25%. Con ese porcentaje, según reconoció el propio intendente de Las Heras, Daniel Orozco, el municipio lograría una recaudación promedio anual de $ 18 millones.

Otro cambio sustancial propuesto por la addenda, es que las obras complementarias al parador no serán realizadas por la Municipalidad de Las Heras, sino que serán responsabilidad total de la UTE adjudicataria.

La tercera modificación tiene que ver con el costo de los servicios. La propuesta aprobada exime a las empresas mendocinas del pago de los trámites, mientras el contrato anterior disponía que todas las empresas debían pagar.

Largo camino por delante

La votación del Concejo Deliberante de Las Heras fue contundente y fugaz. En poco más de media hora de sesión, diez de los doce concejales votaron a favor, uno votó en contra y uno se abstuvo de votar. 

Sin embargo, la contundencia en la aprobación no garantiza que el proyecto se lleve finalmente a cabo. Si bien la sesión formalizó el contrato de concesión con la UTE conformada por Dorisol- EAG-Mercosur Logística Integral, en la que tiene participación el empresario Alfredo Vila, aún queda un largo camino por delante antes de que se pueda construir el parador. 

Elio Parés, presidente del Concejo Deliberante (votó a favor) explicó que con la aprobación de la addenda, la UTE quedó habilitada para iniciar los trámites de permisos nacionales, provinciales y municipales para poder realizar las tareas que desarrollaría en el complejo.

“La UTE debe conseguir la autorización de Vialidad nacional para el registro y pesaje de camiones y el permiso del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) para poder hacer la desinsectación. Si no consiguen los permisos no lo pueden hacer”, indicó.

“Además, deberán presentar en la Fiscalía de Estado el estudio de impacto ambiental del proyecto que se encuentra pendiente”, agregó.

Cabe recordar que la Fiscalía aún se encuentra analizando una denuncia presentada por la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) en la que se pidió la declaración de inconstitucionalidad del proyecto. 

Según señaló Parés, la Fiscalía de Estado recién podrá expedirse cuando tenga en sus manos la información vinculada al estudio de impacto ambiental.