El informe del medio nacional fue publicado ayer domingo y asegura que más “de la mitad de las causas por infracción a la ley de drogas iniciadas en la Justicia federal de Capital en 2015 fueron por delitos menores como ´tenencia simple´ o ´tenencia para el consumo personal´”: el 55% de los 4.338 expedientes.

El número surge del último estudio realizado por la Procuración General de la Nación y marca una tendencia persistente y alarmante: “miles de horas de trabajo, recursos, y hasta papel se consumen en perseguir a “perejiles” quienes casi nunca se enteran de que fueron objeto de “investigación penal” porque el 96% de las causas por el “chiquitaje” se archivan casi automáticamente.

Hay que recordar que en 2005 se sancionó la ley de desfederalización que le dio la opción a las provincias de absorber las causas de drogas de menor cuantía y las que adhirieron fueron Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa y Chaco.

Salvo en las provincias en las que se aplicó la desfederalización (Buenos Aires, Córdoba y Salta, por ejemplo) en el resto del país se replican de forma similar las tendencias detectadas en la Justicia federal de Capital. Pero en la Ciudad de Buenos Aires se agudizan algunos de estos fenómenos. Por ejemplo, la Capital Federal lidera el ránking de cantidad de expedientes cada 100 mil habitantes iniciados en 2015 por infracción a ley de drogas. Fueron unos 263, cuatro veces más que los números registrados en una zona bien caliente como Santa Fe. En este última provincia se iniciaron en el año pasado 1.940 causas por estupefacientes (61 cada 100.000 habitantes). Y eso teniendo en cuenta que en Santa Fe los expedientes por infracción a la ley de drogas representaron en la Justicia federal un 67% del total.

“Los resultados muestran que se persigue más delitos menores que los que apuntan a las estructuras de la narcocriminalidad. Es claro que debemos mejorar la eficiencia del sistema penal, enfocándonos al crimen organizado”, explicó a Clarín el titular de la Procunar, Diego Iglesias. “Esta tarea nos compete a todas las agencias del Estado, tal como lo dijo la Corte Suprema en el fallo ‘Arriola’, y es la política criminal de la Procuración”, agregó Iglesias, haciendo referencia al fallo que hizo no punible conductas como la tenencia en poca cantidad, en determinadas circunstancias.

“El problema es que no todos interpretan el fallo Arriola de la misma manera. Para la Policía, por ejemplo, fumar un porro en la calle no se ajusta a lo que dijo la Corte (por eso hay cientos de causas contra consumidores). Para los jueces sí se ajusta (porque se trata de poca cantidad de droga), por lo que archivan la causa”, explicó a su vez a Clarín el fiscal federal Federico Delgado, quien durante cinco años analizó los casos de drogas que le tocaron en su turno y cuyo trabajo tomó la Procunar en su informe.

“Es todo tal desperdicio de esfuerzo y recursos que más del 90% de los imputados ni se entera que figura en una causa porque se archiva en tiempo récord. Nunca pisan los tribunales”, agregó Delgado, quien sostiene que desde que asumió Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad este tipo de causas crecieron, aunque siguen apuntando al mismo coto de caza: “barrios vulnerables e inmediaciones de estaciones de tren”.