El procedimiento fue encabezado por el fiscal ad hoc Patricio Rovira, acompañado por el secretario Rafael Medina; un perito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por un testigo, a partir de la denuncia de una mujer que realiza tareas comunitarias en un comedor que funciona sobre la superficie del mismo predio, informó el portal fiscales.gob.ar.

Tras la inspección, el Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina realizará un peritaje en el lugar para que, a través de un análisis físico-químico determine la presencia de fluidos humanos y la posible extracción de muestras de ADN para su eventual identificación.

El lugar, ubicado frente al ex Ingenio Santa Lucía había sido utilizado en el marco del denominado Operativo Independencia, en 1975, como sede de un centro clandestino de detención por el Ejército y había sido inspeccionado superficialmente en septiembre del año pasado, en la etapa final del juicio donde fueron juzgados 41 imputados por crímenes de lesa humanidad.

En esa oportunidad, y tras la mención de testigos acerca de la existencia de un sótano, se procedió a la inspección y se corroboró la existencia de un pequeño pozo por el cual se accede a un extremo superior del sótano, al que se pudo ingresar por un resquicio.

Los funcionarios indicaron en el acta que el recinto es un rectángulo de alrededor de 20 metros por diez, que cuenta con cuatro especies de galerías, y que el techo presenta una estructura abovedada.

Agrega el informe que tiene rastros de haber contado con instalación eléctrica, como "aisladores empotrados, huecos donde podrían haber habido cajas de luz, varios de estos con signos de ignición" y que fueron hallados "barriles abandonados volcados conteniendo aceite, alquitrán, concreto".