La subida del impuesto del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, que entró en vigor el pasado 1 de enero de este año, tenía como objetivo desincentivar el consumo de refrescos y fomentar hábitos saludables. Sin embargo, al calor de la subidas de precios que están experimentándose en numerosos productos de la cesta de la compra, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha embolsado 137 millones de euros hasta el mes de agosto gracias a este nuevo gravamen.

En los últimos meses la inflación se ha disparado. Muestra de ello es el último dato del Índice de Precios de Consumo (IPC), que se ha situado en el mes de octubre en el 5,4%. Una tendencia alcista que se viene dando en los últimos meses y que según las estimaciones de grandes organismos se va a prolongar en el corto plazo. En el caso de las bebidas azucaradas, como son los refrescos, el incremento experimentado en los precios durante este año es del 10,6%, lo que, por consecuencia, ha incrementado la recaudación de la subida del IVA.

En el mes de marzo, el ministerio de Hacienda, cartera dependiente de la ministra socialista María Jesús Montero, comenzó a percibir el aumento de ingresos derivado de la subida del IVA al 21% de estos productos, engordando sus cuentas en 20 millones. Una recaudación que alcanzó los 34 millones en el mes de abril y los 54 millones en mayo. Sin embargo, con el alza de la inflación también fue creciendo el montante recaudado por el Fisco: en el mes de junio recaudó por el impuesto a las bebidas azucaradas 72 millones de euros. Cifra que se ha ido disparando durante la temporada estival engrosando las cuentas en 113 millones en el mes de julio y en 137 millones en agosto. Las primas de los seguros, el IVA de las bebidas azucaradas, el IRPF para ‘los ricos’, fueron algunos de los nuevos gravámenes con los que Sánchez buscaba mitigar la gran partida de gasto que se ha desplegado con el Gobierno socialista.

Ya en su momento, a Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) rechazó el incremento del IVA, ya que, según sus estimaciones, podría traducirse en una caída de las ventas de hasta 370 millones de euros. Desde la industria señalaban que la subida de este impuesto era «injusta y discriminatoria». Y, a la luz de los datos, parece que su único afán es recaudatorio.

Polémica con Garzón

El titular de Consumo, Alberto Garzón, anunció hace un par de semanas la prohibición de la publicidad dirigida al publico infantil y adolescente de dulces, galletas, helados, bebidas calóricas y resto de productos alimenticios ricos en azúcares y grasas considerados nocivos para la salud por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Garzón defendía que la regulación de esta publicidad de los alimentos dirigidos a los menores de 16 años en televisión, medios de comunicación en general y redes sociales se hará por real decreto y se empezará a aplicar en 2022.Una medida que ha despertado una gran polémica en distintos sectores de la sociedad.

El consejero de Agricultura de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, le quiso responder a la nueva -pero no primera- batalla de Garzón contra algunos productos alimentarios.»El problema no es el azúcar, es el comunismo» sentenciaba. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, zanjaba la polémica en cuatro palabras: «Drogas, sí; dulces, no», comentaba Ayuso en las redes sociales en referencia a cómo la izquierda pretende despenalizar el consumo de cannabis en la vía pública mientras persigue la bollería y los chocolates. De esta forma, además del impuesto a las bebidas azucaradas, el ministro de Consumo ha querido iniciar una nueva cruzada con la que pretende seguir penalizando diferentes productos alimentarios.