Este miércoles, a partir de las 10:00 horas, en el Juzgado Regional Letrado de la localidad de Victorica, a cargo de Roberto Espínola, se realizará la primera audiencia judicial en el marco de una demanda por desalojo que inició Godofredo Sepúlveda en perjuicio de los puesteros Francisco Quiroga y Rosendo Coronel por el campo “La Totora” en el oeste pampeano.

Las dos partes involucradas en el conflicto tienen derecho sobre la tierra. Pero justamente fue Godofredo Sepúlveda el que se movió “legalmente” para sacar del lugar a sus vecinos.

A partir de la posesión veinteañal que obtuvo su padre el 22 de noviembre de 1982, firmada por el entonces juez civil Jesús Los Arcos Vidaurreta (el expediente es el número 477, bajo la leyenda “Sepúlveda Gerardo Cruz c/ Bastarán Felice y otros sobre posesión veinteañal”), Sepúlveda puso en marcha toda una logística para quedarse con la propiedad de la tierra: unas 5.000 hectáreas.

Unos años antes de iniciar la demanda de desalojo contra los puesteros Quiroga y Coronel, el cuñado del diputado provincial Martín Borthiry (es pareja de la hermana del legislador, Marcela Borthiry, coordinadora de Educación en la zona) ensayó una maniobra de desalojo que le salió mal.

Llegó al puesto de Quiroga con un supuesto comprador de apellido Lagos, supuestamente oriundo de Plottier. Cuando el puestero ya casi estaba a punto de acceder al pedido de desalojo verbal, hubo algo que le llamó la atención: “Después me di cuenta que se traían algo entre manos... Porque medían las ventanas con un piolín y hacían anotaciones de las cosas en un cartón con un carbón que sacaron del brasero, de acá nomás (señala). Ahí me di cuenta que algo raro pasaba, mire que va a venir a comprar un campo y ni siquiera va a tener un lápiz”, contó el propio Quiroga en diálogo con El Diario.

Inhallables

Luego de que el caso trascendiera a través de estas páginas, tanto Sepúlveda como Borthiry resultaron inhallables a pesar de los numerosos intentos realizados por este diario para ubicarlos y que brinden su versión de los hechos respecto a la denuncia pública de desalojo que hicieron dos puesteros del oeste.

Sepúlveda, actual pareja de la coordinadora del Ministerio de Educación en la zona, se habría radicado directamente en Cipolletti. Mientras que la hermana del diputado ultravernista estaría con carpeta médica y también residiendo de manera temporal en aquella localidad rionegrina.

“Contratos”

El expediente mediante el cual se le otorgó la posesión a Sepúlveda padre encierra otro dato curioso: el juez que la concedió es el padre de la escribana que fue hasta el campo para hacerles firmar a los Quiroga y Coronel contratos de arrendamiento a los que la defensa de los puesteros ya calificó como “ilegales”.

Esos “acuerdos” tienen fecha del 22 de noviembre de 2005 y el 30 de marzo de 2006. Y es en los que se basa la defensa de Sepúlveda para pedir los desalojos. Los denunciantes del caso insisten en que no sabían lo que estaban “avalando”.

“Accedieron a prestar conformidad no con un contrato de arrendamiento, sí con un documento que según Sepúlveda, vecino y persona confiable según mis mandantes, era la única forma que existía para seguir ocupando la tierra en las mismas condiciones que tenía”, indicó la abogada Guillermina Castro.

Y explicó: “En realidad no fue un procedimiento legal el utilizado por la escribana (Ana Los Arcos)... La única forma de hacerlo era con un instrumento público ante un escribano donde a la persona involucrada se le lee lo que va a firmar, se le explica e incluso hasta se pueden citar testigos para que den fe de lo que se va a firmar. La impresión dígito pulgar es para identificar a una persona, no para garantizar un acto”.

Para la representante legal de Francisco Quiroga y Rosendo Coronel, el desalojo no tiene razón de ser a partir de la nulidad de los contratos de arrendamiento. El fondo de la cuestión es que el “consentimiento” no tendría valor porque “sus otorgantes son analfabetos”.

Unos y otros

Quiroga, Coronel y Sepúlveda padre fueron poseedores del Lote 20 durante décadas: en el primero de los casos su familia lleva allí más de 100 años; en el segundo, desde 1949.

Los puestos de los Quiroga, Coronel y Sepúlveda están separados por no más de 1.000 metros. Está claro que el beneficio judicial (la posesión veinteañal) fue otorgado sin ningún tipo de inspección o verificación de la zona: es casi imposible no ver un puesto desde otro y distinguir con claridad los diferentes asentamientos.

Las dos familias que están a punto de desalojar viven actualmente de lo que producen. Es decir que tienen, concretamente, una economía de estricta subsistencia: algunos chivos, unos pocos caballos y menos vaquitas.

Como contracara de sus realidades está la situación de Sepúlveda: hasta hace pocos años fue gerente de un banco en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén, y es conocido en el oeste pampeano por circular en una portentosa Toyota Hilux.