El municipio, como organismo de contralor del transporte urbano, el miércoles, en pleno paro de choferes del Grupo Plaza, intimó a la empresa a que reanudara el servicio, habida cuenta de que es público y no se debería cortar. Ayer, en tanto, se desistió de hacer una presentación judicial (cautelar) al reestablecerse el transporte público de pasajeros.

En la intimación, se le hace un apercibimiento a la empresa en cuanto a la posibilidad de rescindírsele el contrato y, por otra vía, mediante inspectores municipales se procedió al labrado de actas de infracción por cada hora en que las unidades de transporte no circularon.

Esto implica un considerable monto de multas, si se considera que el servicio lo prestan durante el día 32 unidades.

El secretario de Obras Públicas de la comuna, Javier Schlegel, explicó por Radio Noticias que en el contrato de concesión, y por tratarse de un servicio público, se obliga a la empresa a prestarlo en forma "mínima" frente a situaciones como las vividas el miércoles. "La empresa estuvo en falta, no sólo porque no garantizó ese mínimo, sino que tampoco hizo una comunicación oficial a la comuna, aunque de acuerdo a versiones (de la empresa) no circularon los colectivos porque estaban presionados los choferes".

"Nosotros debemos abstraernos de eso e intimar a la empresa" dijo el funcionario, que cuantificó cada multa en 1.200 pesos (por cada acta labrada a cada colectivo). "Termina siendo una cifra importante".

Con las actas se abrió un expediente de cobro, aunque Plaza puede impugnarlas. "No vemos que puedan hacerlo, por lo que se le terminará cobrando y deberán pagar", acotó.

El secretario dijo que en gestiones anteriores, las multas a Plaza nunca se pagaron. "Se hacían las actas y nunca se ejecutaban; durante el año pasado se labraron 400 actas y las estamos ejecutando y desempolvamos las que no caducaron".

"Como no se las cobraba, no estaba aceitado el mecanismo del proceso burocrático. Se le cobró la primera y ahora se continúa", amplió.

Futuro.

¿Cómo encarará la administración Larrañaga el tema de los colectivos? "Estamos estudiando varias alternativas y la rescisión del contrato es la última. Sabemos que estamos en la situación más difícil, pero más difícil es la situación del usuario y por la que estamos preocupados", indicó Schlegel.

Dijo que se apuntará al asfaltado de más de 150 cuadras (con fondos de la soja, nacionales), fundamentalmente en las calles por donde transitan los colectivos.

Santa Rosa tiene dos mil cuadras pavimentadas y 2.500 de tierra. "Estamos muy desbalanceados y el asfalto es una obra cara, pero el municipio hará todo el esfuerzo en ese sentido, poder asfaltar de máxima todo lo que sea Circunvalación hacia adentro y las arterias principales de los recorridos de colectivos".

"La empresa aduce que tiene muchos recorridos en tierra, pero debemos abstraernos de esto porque cuando se licitó conocía las condiciones, las reglas eran claras", remarcó el secretario de Obras Públicas santarroseño.

"Estamos frente a un cuello de botella, la empresa presta el servicio desde 2008 y durante este tiempo en algún momento han ganado plata; tampoco creo que el sea el momento para que la comuna absorba el servicio, sí debemos agotar las instancias legales y hacer que la empresa, que ahora le toca perder, nos espere un tiempo para poder hacer estas obras de asfalto", explicó Schlegel.

Denuncia por verificación.

Desde uno de los gremios de conductores de colectivos (UCRA) se denunció que Plaza solamente presenta para verificación técnica siete u ocho colectivos, sobre un total de 32, y que la oblea que certifica ese trámite, es colocada en otra unidad que no tiene las condiciones para circular.

Schlegel se excusó de dar precisiones al respecto, dijo que producto del paro de choferes su área estuvo dedicada a esa problemática. "La empresa tiene que cumplir con lo que se establece en el pliego y si hacen algo inadecuado, serán sancionados y se llegará a lo que se tenga que hacer, hasta la rescisión del contrato".

"No vamos a consentir este tipo de cuestiones", agregó.

"Si hay despidos sin causa, no intervenimos".

"A pedido de muchos compañeros que querían trabajar, tuvimos que intervenir en el conflicto, que nosotros no teníamos". El dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), José Oses, explicó su participación en el paro del miércoles por parte de choferes del Grupo Plaza.

Para diferenciarse de la competencia gremial (UCRA), sector al que descalificó por no contar con la personería habilitante, Oses dio la postura de la organización que representa: que frente a un despido sin causa, en el que se le paga al despedido el dinero estipulado por la ley, el gremio no interviene en defensa de esa fuente laboral.

El dirigente de UTA aclaró que en Plaza la mitad de los conductores están en su órbita y que pese a querer trabajar, se vieron imposibilitados de hacerlo por intervención de la otra parte de los trabajadores identificados con UCRA.

"No sé", respondió a la pregunta de quién había enviado a un contingente de "rompe-huelgas" que irrumpió con violencia en la base de la empresa en conflicto.

"Yo también podría hablar de los que bajaron a nuestros compañeros (de los colectivos) con un cuchillo en el cogote y que les pegaron cadenazos. No puedo decir que fuera de la UCRA, porque no los vi. También podría decir que fueron contratados por la UCRA, pero no los vi".

También negó que sean siete los despidos en Plaza y que la situación planteada con Pacheco, el último en ser cesanteado, respondió a un "armado" o "amontonamiento" del gremio paralelo junto con la CTA.

-El cargo que se le hace a UTA es que está en connivencia con la empresa.

-Ahí está la interna, porque ellos quieren justificar cosas que no pueden. Son mentiras.

-Se cuestionan las condiciones insalubres en las que trabajan los choferes.

-¿Eso lo tiene que poner el gremio?

-¿Y de los despidos, qué puede decir? El gerente de Plaza reconoció que hubo y sin causas, por razones operativas.

-El aclaró el tema de Pacheco y nosotros intervenimos porque se les estaba quitando la libertad de trabajo (a los choferes que no adherían a la protesta), por eso pedimos una reunión de partes en Relaciones Laborales (donde se reincorporó al cesanteado). La ley 20.744 le permite (al patrón) echar sin justa causa y lo que tiene que hacer el gremio en ese caso, es ver que le pague hasta el último centavo que le corresponde.

Transporte y Memoria Histórica.

El Comité Capital de la Unión Cívica Radical de Santa Rosa planteó una serie de medidas que tiendan a controlar el servicio de transporte urbano de pasajeros de manera integral. Además. se reclamó una consulta popular "para que la comunidad se exprese libremente" sobre las políticas activas de reparación histórica en la ciudad.

Los integrantes del Comité Capital de la UCR presentaron dos documentos que harán llegar al intendente municipal, Luis Larrañaga. El primero propone la implementación de una serie de medidas de control de calidad en torno al servicio de transporte urbano de pasajeros, mientras que el segundo manifiesta la postura de los integrantes en torno al cambio de nombre que recientemente llamó San Martín Oeste a la anterior Avenida Roca.

El anuncio se efectuó en la mañana de ayer, en la sede de la UCR ubicada en la calle Pellegrini. Estuvo encabezado por el presidente del Comité Capital, Hipólito Altolaguirre, quien estuvo secundado por Guillermo Severio. Acompañaron a los dirigentes en la conferencia de prensa los concejales Marcos Cuelle, Mariano Salomón y Félix Villatoro.

Inicialmente, dieron lectura a los textos que acercarían al municipio. El primero, referente al sistema actual de transporte urbano de pasajeros que ofrece la empresa Plaza, reclama en el primer ítem; "exigir a la empresa prestadora del servicio el cumplimiento efectivo de la revisión técnica obligatoria de todo el parque automotor; en el segundo se exige aumentar la frecuencia de las inspecciones de la carga horaria y frecuencia del servicio" y en tercer lugar, se menciona la necesidad de "controlar el ascenso y descenso de pasajeros en las paradas establecidas, con señalización de las paradas". Finalmente, el cuarto punto estipula realizar un control "que evite que los privados estacionen en las paradas previstas para el transporte público".

De esta forma, manifiestan la voluntad de "encontrar soluciones concretas al servicio", y que la entrega del requerimiento pueda derivar en "un intercambio de ideas para que las políticas de control de tránsito vehicular mejoren la calidad de vida de nuestra gente".

Memoria.

El segundo documento está referido a la decisión sobre el cambio de nombre de la avenida Roca. En principio, denotan su postura de "lucha histórica contra el orden conservador expresado por el roquismo". Reivindican "los derechos de los pueblos originarios y condenan y repudian toda forma de exterminio humano y de culturas; por eso creemos que la historia no se salda con la supresión de un nombre de calle sino con políticas activas de reparación".

Por esto mismo y a continuación en el documento, instan al intendente, como una cuestión prioritaria y de interés general, que "se convoque a una consulta popular vinculante a la sociedad para que se exprese sobre el tema propuesto". De esta forma, invitan a "canalizar las energías en pos de buscar consenso para el logro de soluciones a la multiplicidad de problemáticas barriales que logren una ciudad a gusto de todos los santarroseños".

Concejales y Plaza.

Los tres ediles presentes en el anuncio del Comité Capital de la UCR también hicieron pública su postura ante el reciente conflicto entre Plaza y el municipio. El más encendido fue Marcos Cuelle (Frepam), quien criticó duramente a la empresa de transporte urbano de pasajeros. "Cuando Plaza analiza una concesión lo hace por el término del contrato y el que contempla la concesión. Es una excusa inválida querer hacernos creer que el precio del boleto no es suficiente para mejorar el servicio. De hecho, fue el gerente quien dijo que llevar el monto a 2,50 pesos, iba a mejorar el servicio; no sólo no mejoró sino que las calles de la ciudad no tienen el tratamiento necesario para acompañar la calidad; lo que sí es cierto es que se juntan para hacer el negocio y no para ver cómo solucionan los problemas", expresó el edil.

Por su parte, Villatoro señaló la necesidad de plantear ante el organismo municipal el asfaltado de calles de tierra que recorren los ómnibus y un control más exhaustivo del servicio. Salomón, a continuación, cuestionó la actitud empresaria de Plaza, que nunca contestó los informes solicitados y "sólo discute precios y no la calidad del servicio".

Los tres concejales aseguraron que lucharán para defender que "el contrato de concesión lo van a cumplir con la fórmula polinómica vigente".