En la Cámara del Crimen Nº 1 se escuchó hoy la declaración indagatoria en el juicio por enriquecimiento ilícito del exministro de Bienestar Social Santiago “Patucho” Alvarez, acusado porque, según las pericias, no pudo justificar las dos terceras partes del patrimonio que tenía cuando dejó la función pública, en 2002.

El exfuncionario dijo que su enriquecimiento está justificado y se mostró como una víctima de una persecución política y mediática. "Ya he sido condenado. La condena ya la tuve. Aunque gane ya perdí", dijo ante los jueces. También se quejó por el prolongado proceso judicial e insistió en solicitar la prescripción.

El “calvario” de Patucho

Luego de escuchar a todos los testigos, Alvarez aceptó hablar en indagatoria este miércoles y discurrió durante una hora y 55 minutos. Se quejó de un proceso “signado por la denuncia y la condena”, al que calificó como “un calvario” para él y su familia. “He sido sometido a un escarnio público absolutamente desmedido”, dijo. “Nunca estuvo el beneficio de la duda a mi favor”, lamentó, además de animarse a calificar de “inconstitucional” que este sea el único delito en el cual se invierte la carga probatoria.

Alvarez recordó que durante gran parte de su función pública vivió “judicializado”. Recordó entonces una denuncia por triangulación de fondos con el Consejo de Profesionales de Eduación Física y otra de “un proveedor del estado que quiso cobrar 24 facturas que no correspondían”, que se archivaron luego de varios años con “30 o 40 tapas de los diarios” sobre el tema.

Dijo que cuando perdió su cargo de ministro no pudo volver a ejercer como profesor de educación física y relativizó como “irrelevantes” el cargo de vocal del Ente Provincial del Río Colorado y en el Ministerio de Salud a nivel nacional con el ministro Gines González Garcia dónde tenía “siete escalones arriba mío en el nivel de decisión”.

Contó que tuvo que dejar el último cargo cuando cambió la gestión del gobierno y, al poco tiempo, apareció la denuncia de Omar Lara por enriquecimiento ilícito. Indicó que Irene Giusti, desde el Tribunal de Cuentas, lo citó y “me pidió que en 72 horas le tenía que responder por diez años de mi vida, cuando tenía recibidas las declaraciones del ‘92 y no habían hecho observaciones”. “¿Quién guarda la factura de una heladera que compró hace doce años?”, protestó.

En aquellos momentos, el diario La Arena publicó una tapa en la que decía que en el año 1993 tenía 110 millones de pesos en títulos públicos cuando, en realidad, eran australes. “Era una locura, el presupuesto de la provincia era de 300 millones”, chicaneó ahora Alvarez.

A esa altura, contó que le pidió a su contador impositivo un informe sobre la evolución de su patrimonio. “No hay niguna duda de que no he mentido. No me he enriquecido. No había posibilidad de que esto prosperase”, evaluó.

Sin embargo, luego de que el expediente circulara entre la justicia, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, este último organismo hizo la denuncia penal “sin que me llamaran a preguntarme ni el nombre ni el apellido”, volvió a protestar. Alvarez dijo que en un caso similar, la FIA permitió un descargo del funcionario involucrado y el caso se archivó. “El fiscal obró por una cuestión política y mediática, no jurídica”, tiró.

Alvarez dijo que la causa se estancó y, en el medio, apareció la denuncia por los viajes fantasmas en Bienetar Social y, cuando ya había decidido alejarse de la política para irse a trabajar en Buenos Aires, lo llaman a indagatoria y cae preso, acusado por el delito de asociación ilícita. “Me hicieron posar para los fotógrfos esposado”, evocó.

Durante los 29 días preso, dijo, tuvo que recibir la visita en la comisaría de Toay de su madre de 81 año y a la hija de 12 años le decían “en broma que me habia ido de vacaciones a Canadá”. Quedó en libertad porque le bajaron la calificación al delito. “Lo que empezó así terminó en una multa”, aludió a la condena que recibió el año pasado. “En esos momentos me culpaba de no haber sido lo suficientemente inteligente y práctico. Tendría que haber leído antes a Maquiavelo”, confió.

En varias oportunidades aludió a una supuesta persecución mediática. Recordó que un allanamiento que realizaron en su vivienda y en el estudio de su contador “se transmitió on line en un diario digital, una cosa muy rara”.

Una pericia “irresponsable”

El exfuncionario dijo que “es absolutamente inválida” la pericia oficial que lo incrimina por enriquecimiento. “No sé que instrucciones recibieron. Si se que tenían que tener cuidado y celo porque la carga de la prueba se invierte, y lo que han hecho es de una irresponsabilidad que no se la deseo a nadie”, señaló.

En la pericia “mis ingresos están verificados y mis gastos estimados. Lo que hicieron fue bajarme los ingresos, no incluyeron 70 mil pesos de viáticos por año, y aumentar los consumos. Cada año podía ahorrar menos”, cuestionó.

“Es ridículo que solo podía ahorar 1.000 pesos por año. La vida era más barata, es viajaba menos, no había frezer, no había celulares, cables, seguros, la cuota del club y el colegio eran simbólicas, eran muy distintos los consumos en esa época”, argumentó.

“No quedan dudas de los que ha sido mi presentación en la AFIP. No digo que me felicitaron, pero era el demonio y terminaron encontrando problemas en dos o tres facturas, nada más”, alardeó. Señaló que el departamento de Neuquén no era suyo, que nunca tuvo un hotel en San Martín de los Andes y tampoco un campo, como le "atribuyeron".

En otro tramo de su declaracicón, “Patucho” sostuvo que existe “absoluta incoherencia entre la verificación de la Afip y lo que dijeron los peritos”. Comparó entonces que, segun la AFIP, en 2002 tributó Ganancia sobre un patrimonio de 536 mil pesos, mientras para los peritos oficiales tenía posesiones por 1.041.000 y no pudo justificar más de 600 mil.

Defendió la veracidad de las declaraciones en la AFIP porque cuando las hizo “ni lejos suponía que tendría que vivir este calvario”.

Las vaquitas

“Patucho” dijo que incursionó en el negocio ganadero a partir del 2.000 y que “sorprendente y alegremente” en la pericia oficial aparecieron 1.500 cabezas de ganado que no estaban en las declaraciones juradas. Dijo que los peritos elevaron el número a través de guías de movimiento pero algunos viajes se hicieron entre los campos del mismo dueño con el que tenía el contrato de capitalización y, en otros casos, por acta de vacunación cuando él todavía no estaba inscripto como productor agrícola. “Hay que movilizar 40 camiones si que nadie sepa. Sin el RENSPA no se puede mover ni una gallina”, dijo.

“Es alocada la pericia que hacen. A 2.004 les daba casi 5 mil animales, y si siguen con el mismo método, hoy tendría 28 mil”, dijo.

-¿Cómo hizo para comprar en 2.002 los 1.800 animales que acá aparecen como el eje de la cuestión? -le dijo el juez Miguel Angel Gavazza, el único que hizo preguntas después de la larga alocución del imputado.

-Yo tenía ahorros sumamente justificados. Tenía títulos públicos que se vendieron, un crédito del CFI que me dieron en dólares y devolví en pesos, un plazo fijo, alguna actividad privada que no facturaba... Yo no compré 1.800, compré un stock (de vacas) que tuvieron cría en 2001 y 2002. No tuve ningún negocio incompatible.

Ya hay una condena... ¿Cómo un profesor de educación va a tener vacas? ¿Cómo va a ser ministro de Bienestar Social?

-¿Todo, lo del mercado financiero, los 1.800 animales, lo justifica con sus ingresos? -repreguntó Gavazza.

-Yo siempre tuve un muy buen trabajo. Cuando estuve de Director de Deportes perdía plata. Soy una persona austera, mis dos mujeres trabajaban. Y mis hijos también.

-En la declaración jurada de 2001 usted declaró que su hijo no trabajaba...

-Me habré equivocado. Trabajaba en Jefatura de Gabinete. Hay cosas que no puedo explicar, no me acuerdo como fue... Pero compré acciones de YPF a 27 pesos y las vendí a 48. Los plazos fijos daban el 18% mensual de interés en dólares. Y los 1.800... es una cifra de un stock que no necesariamente es mío. La mitad de los terneros no es mío, eran para el dueño del campo. Tenía vacunados 1.800, pero míos serían 1.200, 1.300, no sé.

"Fair play"

El exfuncionario usó el nombre de su padre durante su declaración. Dijo que su progenitor, un dirigente peronista, sufrió el “exilio interno” por la persecución de la Revolución Libertadora y detenciones por el Plan Conintes. “Mi familia supo de la persecución. Yo la sufrí en un proceso democrático”, dijo.

“En mi casa nunca escuché una palabra de odio. Los valores eran la lealtad, el amor. Tuve una familia contenedora. No tengo odio ni rencores. Sí tengo bronca”, dijo.

Defendio su gestión como funcionario y logros como la baja de la mortalidada infantil. También sus estudios como profesor de educación física y habló de far play: “Yo fui criado en ese ambiente. El del juego limpio. No como otros que nunca hicieron nada por nadie”.

“Vengo con confianza de que me van a escuchar y van a tener en cuenta lo que digo. Ya he sido condenado. La condena ya la tuve. Aunque gane, ya perdí”, le dijo a los jueces.

Prescripción

“No está probado que yo me enriquecí. Y encima que no cometí el delito, la causa está prescripta”, insistió.

En ese sentido, atacó que el exjuez del Tribunal de Impugnación Penal, Gustavo Adolfo Jensen, le haya denegado la prescripción. “Total, esto es una fiesta”, ironizó. Insistió que no puede tomarse para computar los plazos de prescripción su cargo nacional porque es de otro distrito y no podia ejercer influencia en la provincia que “es autónoma” y, además, el había sido “expulsado” del sistema político provincial.

No se privó de criticar que Jensen haya mencionado en el fallo que recién se avanzó en la causa cuando dejó de ser gobernador Rubén Marín y llegó Carlos Verna a Casa de Gobierno. “Esto es inaudito. Es una intromisión muy grave. ¿Tapaban las cosas en el Poder Judicial?", levantó la voz.

El departamento de Neuquén

En primer lugar, este miércoles declaró Orlando Oscar Mocagata, entrenador de la selección de natación del país y amigo personal de “Patucho”. Aseguró que en abril de 2.002 le vendió a Alvarez un departamento en Neuquén por 124 mil pesos pero, aunque apareció en el patrimonio del exfuncionario, “nunca dejó de ser mío”.

Explicó que hicieron figurar la operación para que Alvarez pudiera sacar una suma similar que le había quedado en el “corralito” financiero luego de la crisis que sufrió el país en el año anterior. Dijo que pactaron que le devolvería el dinero en cuotas mensuales, aunque después terminó vendiendo el inmueble a un tercero para hacerlo más rápido.

La auditoría de la Afip

La principal coartada a la que apela Alvarez para intentar justificar su crecimiento patrimonial es una auditoría que realizó la AFIP entre 2005 y 2007, después de que estalló el caso públicamente. El contador impositivo de Alvarez, Juan Carlos De Giovani, declaró este miércoles y dijo que el organismo “es muy minucioso” en estas inspecciones y realizan “una investigación a fondo”. Remarcó que “no encontraron ninguna inconsistencia” en las declaraciones de Ganancias, IVA y Bienes Patrimoniales.

“Lo único que encontraron fueron tres facturas de mil pesos cada una, una que fue error de mi estudio, la contamos dos veces, y otras dos que le habían entregado a Alvarez y eran apócrifas”, indicó. Afirmo que “tampoco encontraron incongruencia” en el movimiento de hacienda y que habían declarado que tenía solo 1.850 cabezas en 2.002.

Los alegatos, más adelante

El alegato acusatorio el fiscal Jorge Marcelo Amado, por un lado, y por el otro, el alegato defensivo, a cargo del abogado Francisco Marull, se postergaron para más adelante. El próximo 1 de abril se incorporará la prueba en una audiencia, durante la cual se dará a conocer la fecha de los alegatos.

Los jueces que conforman el tribunal son Elvira Rosetti, Miguel Ángel Gavazza y el subrogante Miguel Ángel Vagge.

El enriquecimiento ilícito se aplica a los funcionarios públicos y es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y son los imputados quienes deben demostrar cómo aumentaron su patrimonio. Está sancionado con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

Según las pericias oficiales, Álvarez, al dejar la función pública, en 2002, tenía al menos 2.769 cabezas de ganado vacuno distribuidas en campos de Alpachiri, Ataliva Roca, Victorica, Eduardo Castex, General Acha y La Maruja. Ese rodeo integraba las dos terceras partes del crecimiento patrimonial que no pudo justificar y por el cual ahora está sentado en el banquillo de los acusados por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según la conclusión de las pericias oficiales, el exfuncionario accedió a la función pública con un patrimonio de 52.000 pesos y se retiró -once años después- con 952.000. De ese patrimonio no pudo justificar 710.000 pesos, el 64% según la pericia oficial, firmada por los contadores Ana María Kin y Fernando Gasparini.

Álvarez había sido denunciado hace ocho años por el docente Omar Lara después de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia hallara que no podía justificar su crecimiento patrimonial. “Patucho” fue ministro de Bienestar Social y ya fue condenado por el caso de los “viajes fantasma” el año pasado, aunque solo con inhabilitación y multa. Por ese caso llegó a estar detenido algunas semanas cuando se lo procesó. Uno de sus hijos, Santiago, es actualmente presidente del directorio de la agencia de noticias Télam.

La causa la tuvo primero el juez de Instrucción Jorge Luis Howe. Cuando se jubiló, lo reemplazó Néstor Daniel Ralli, que lo procesó en septiembre de 2011. En julio de ese año, prestó declaración indagatoria. En noviembre, el Tribunal de Impugnación confirmó el procesamiento y rechazó un pedido de prescripción de la acción penal.

Las chicanas de la defensa de Álvarez llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, que finalmente confirmó el procesamiento en abril del año pasado. Según las pericias, se enriqueció injustificadamente entre diciembre de 1991 y agosto de 2002. Álvarez se desempeñó como subsecretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad, ministro de Bienestar Social y vocal en el Ente Provincial del Río Colorado. También tuvo un cargo nacional: director del Programa Federal de Salud.