A través de un decreto firmado el 16 de febrero pasado, el Intendente decidió anular la suspensión preventiva sin goce de haberes del sindicalista y, así, restituirle su salario y pagarle el retroactivo por el tiempo que no cobró. Esta resolución que tomó el jefe comunal, implicaría una suma cercana a los 200.000 pesos a favor de Varela, quien está condenado a cinco años de prisión por estafa y defraudación en perjuicio de trabajadores municipales.

Al respecto, el concejal Omar Norte sostuvo que el Ejecutivo hizo una interpretación errónea de la ley; mientras que su par Claudio Molina apuntó que el decreto deja al descubierto un “acuerdo espurio” entre Bertellys y Varela

También habló Miguel Burgos, primer denunciante en la causa contra Varela, quien remarcó que “es un mamarracho lo que hizo” el Intendente.

La decisión del intendente Hernán Bertellys de restituirle el sueldo a Omar Varela -pagándole además el retroactivo de casi todo 2015 y lo que va de este año- generó fuertes críticas en diferentes sectores. Una decisión sin dudas polémica que demandaría a las arcas municipales -que no es otro que el dinero aportado por todos los contribuyentes de Azul- desembolsar alrededor de 200.000 pesos para pagarle al histórico dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul, que hoy cumple prisión domiciliaria luego de ser condenado a cinco años de prisión por estafa y defraudación en perjuicio de empleados comunales.

Sobre el tema habló el contador Omar Norte, concejal del GEN, quien explicó que el decreto del actual Intendente se basa en “argumentos selectivos” y que hay una interpretación “insuficiente y errónea” de la ley. Además, advirtió que la autorización para pagarle a Varela debe pasar por el Concejo Deliberante, cosa que no sucedió.

También Claudio Molina, edil del mismo espacio, dio su punto de vista desde lo político y sostuvo que detrás del decreto “lo que verdaderamente se esconde es un acuerdo político del actual Intendente con quien maneja desde su casa los destinos del STMA, que es Omar Varela”, de quien dijo que no hay que olvidar que “está cumpliendo una condena por robarle a los empleados municipales”.

Otro que opinó fue el dirigente Miguel Burgos, el primer denunciante en la causa que llevó a la condena de Varela, quien en duros términos sostuvo que “es un acuerdo de campaña, una devolución de favores” y calificó la decisión de Bertellys como “una tomada de pelo hacia la comunidad y hacia el empleado municipal”.

También el intendente Hernán Bertellys habló cuando fue consultado por la periodista Natalia Colomé sobre el tema. Dijo que la Subsecretaría Legal y Técnica -a cargo de José González Hueso- analizó las actuaciones y concluyó que la gestión anterior había procedido mal. “Lo que corresponde, corresponde”, dijo el jefe comunal defendiendo la restitución del sueldo y el pago retroactivo a Omar Varela.

A su vez, el subsecretario de Legal y Técnica, José Gervasio González Hueso, explicó días atrás a este diario que “lo que hicimos fue decretar esa nulidad por dos cuestiones fundamentales. Primero porque no hay sentencia firme de exclusión de tutela sindical y segundo porque no hubo sumario administrativo alguno”.

Por otra parte, no es la primera vez que al sindicalista se le paga retroactivo o resarcimiento por quejarse de actos administrativos dictados por otras gestiones. En 2014, Inza le pagó más de 73.000 pesos en compensación de las funciones que le había quitado Omar Duclós, funciones que no cumplía porque se dedicaba a sus tareas habituales.

La decisión de Bertellys

En el transcurso de esta semana se conoció el decreto firmado por Bertellys y el secretario de Gobierno Alejandro Vieyra, mediante el cual anuló un decreto dictado por el ex intendente José Inza el año pasado suspendiendo preventivamente y sin goce de haberes a Varela. El ex jefe comunal tomó esa decisión el 12 de marzo de 2015, al día siguiente que el gremialista fuera detenido en esta ciudad después de quedar firme el fallo del juicio que lo condenó. Además de suspenderlo sin pagarle el sueldo, ordenó que se tramitase ante el Tribunal de Trabajo la exclusión de la tutela sindical como paso previo para cesantearlo.

Ese decreto de Inza estuvo vigente hasta el 16 de febrero de este año, día en que Bertellys lo anuló luego de que fuera el propio Varela el que pidiera la revisión de lo actuado.

La anulación se basó en dos cuestiones centrales: una, porque la gestión Inza no realizó el sumario administrativo correspondiente y, la otra, porque no hay sentencia firme en cuanto a la exclusión de la tutela sindical.

Así, el Intendente ordenó que se sustancie el sumario que la anterior administración no hizo y también que se le liquiden los sueldos que no les fueron pagados durante lo que duró la suspensión, esto es desde marzo de 2015 hasta ahora. Esa decisión implicará que la comunidad de Azul pague al gremialista una suma que ascendería a los 200.000 pesos, según informaron a este diario fuentes municipales.

“Interpretación errónea de la ley”

El contador Omar Norte, en una conferencia brindada el viernes junto a Claudio Molina, explicó que estudiando el decreto mediante el cual se le reintegró el sueldo “al ex agente municipal Omar Varela”, así lo llama, encontraron falta de evidencias de prueba por lo que elevaron distintas notas tanto al Intendente, al contador General, a la secretaria de Hacienda como al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

No obstante, sostuvo que del análisis del decreto de Bertellys “surgen distintas inconsistencias que hemos verificado y que tienen que ver con las causas por las cuales se instruye la devolución de los sueldos no percibidos”.

En este sentido, señaló que el decreto fundamenta la decisión “con argumentos selectivos, olvidando y no haciendo mención de distintas leyes y disposiciones”.

Sostuvo luego que “el Departamento Ejecutivo ha hecho una interpretación insuficiente y errónea de la ley y decidió devolverle al ex agente municipal sus haberes, cuando en realidad la ley habilita al municipio a suspenderlo preventivamente cuando hay una condena firme, como en el caso de Varela”.

En ese marco, advirtió que los artículos 12 y 19 del Código Penal “establece claramente que cuando una persona es condenada con sentencia firme, es atribución de las autoridades competentes del sector público poder inhabilitar el pago de sus haberes”.

Sin embargo, esos artículos no se mencionan entre los argumentos del decreto de Bertellys,“como así tampoco el artículo 79, segundo párrafo, de la ley 11.757 que regía en ese momento, donde también se hace mención a la posibilidad de suspensión de haberes. Hay un Alzheimer legal respecto de quien ejerce la Subsecretaría Legal y Técnica –José González Hueso– porque no mencionan los artículos específicos”.

Reconoció que en el decreto firmado por Inza sí hubo un error, que fue no haber iniciado un sumario administrativo contra Varela, pero remarcó que “eso no implica la posibilidad de suspender preventivamente el pago de haberes. El sumario administrativo sí es requisito para la cesantía, pero no para la suspensión. Eso lo marca bien el artículo 79 de la ley 11.757”.

En este contexto, Norte apuntó que “a través del error que sí surge del decreto emitido por el doctor Inza en 2015, se excede la interpretación de ese error y se avanza sobre la devolución de sueldo, cuando en realidad lo único que tendría que haber hecho este Departamento Ejecutivo es modificar ese decreto de manera tal que se instruyera el sumario y que la cesantía no sea tal hasta tanto no se excluya la tutela sindical”.

Por otra parte, el concejal consignó que “también hemos verificado que el decreto de Bertellys avanza sobre técnicas contables cuando se instruye el pago de los haberes caídos durante 2015. En realidad, todo pago de ejercicios anteriores al vigente debe pasar por el Concejo Deliberante”.

Así, sostuvo que “estamos ante un exceso, un abuso de autoridad y un incumplimiento de los deberes de funcionario público si es que se avanza en el pago de estos haberes. Toda deuda de un ejercicio anterior debe pasar obligatoriamente por el Concejo Deliberante para su autorización”.

Por último, Norte marcó que “estas son las particularidades que hemos verificado. Nos parecieron extrañas las argumentaciones porque si hay algo que las autoridades deben defender es el interés municipal. Y en el decreto se argumenta en contra de los intereses municipales, teniendo en cuenta la delicada situación de emergencia que vive la comuna y que se trata de fondos públicos que se deben administrar con transparencia y rendición de cuenta”.

MOLINA: “ES UNA MEDIDA CLARAMENTE ABERRANTE”

En la misma conferencia en que Norte explicó técnicamente los alcances del decreto firmado por Hernán Bertellys y el secretario de Gobierno Alejandro Vieyra, el concejal Claudio Molina (foto) se refirió a las implicancias políticas de la decisión del Intendente.

Muy duro en sus declaraciones, el edil remarcó que con la decisión del Intendente “se ha caído en una entelequia legal, y lo que verdaderamente se esconde es un acuerdo político del actual Intendente municipal con quien maneja desde su casa los destinos del STMA, que es Omar Varela. Esta es la continuidad, ni más ni menos, de lo que venía sucediendo con la gestión de Inza”.

Advirtió que teniendo en cuenta que se están atravesando los primeros 90 días de gestión y ante la situación de crisis por la que atraviesa el municipio “estamos siendo muy cautos respecto al rol de la oposición, estamos cooperando, hemos dado muestras de eso cuando desde el Concejo impulsamos las cinco medidas que nos pidió el Intendente. Pero hay límites y acá se han pasado del límite de lo tolerable”.

Yendo al decreto de Bertellys, marcó que “estamos frente a una medida que claramente es aberrante desde lo político y desde lo jurídico. Es una fuerte claudicación ética, porque entendemos que la condena firme que está cumpliendo Varela automáticamente habilita la inhibición para percibir sus haberes. Esto es sentido común”.

Entendió que ante la presentación de Varela del recurso administrativo solicitando que el Ejecutivo revea las actuaciones, el gobierno municipal, atendiendo los intereses de la comunidad, debería haberlo “rechazado y que vaya a la justicia para determinar si le corresponde o no la percepción de los haberes”.

En otro tramo, dijo enfáticamente que “muchos azuleños estamos hartos de escuchar de Varela” y luego remarcó que “no hay que olvidarse que Varela está cumpliendo una condena por robarle plata a los propios empleados municipales. Varela no es Robin Hood”.

Y luego volvió sobre la decisión de Bertellys, remarcando que “es una medida que representa una bofetada para el buen empleado municipal y para la comunidad a la que esta gestión le ha pedido plata para el Hospital. No hay plata para el Hospital pero sí para pagarle a un empleado que cumple una condena…”.

Por esto, dijo que le han solicitado al Intendente que “suspenda inmediatamente la medida porque es aberrante y que, de última, Varela reclame a la justicia como corresponde”.

Consignó que la situación los preocupa y advirtió que “es una señal muy negativa que está dando el Intendente hacia la comunidad. Estamos dispuestos al diálogo, pero es muy difícil dialogar con un Intendente que ha pactado con un empleado municipal que está cumpliendo una condena por robarle a los empleados municipales”.

Por último, hizo referencia a la movilización que el STMA realizó la semana pasada en medio de las paritarias salariales. “No nos engañemos, detrás de un reclamo justo de los trabajadores, es una pantalla para disfrazar este acuerdo claro y espurio que tiene Bertellys con Omar Varela, quien sigue siendo quien dirige las políticas de recursos humanos de la municipalidad. Y el hijo (por Luciano Varela, que ahora está al frente del gremio) es un muy buen alumno de todas las mañas del padre”.

BURGOS: “ES UNA DEVOLUCIÓN DE FAVORES”

Miguel Ángel Burgos fue el primer denunciante en la causa que se inició por los créditos solicitados por trabajadores municipales a través del STMA y por la cual Omar Varela terminó condenado a cinco años de prisión por estafa y defraudación.

Indignado por la decisión del intendente Hernán Bertellys habló ayer con este diario y sostuvo que “la verdad que es un mamarracho lo que hizo Bertellys. Pide plata para el Hospital, para arreglar los baches, para acomodar el Balneario y ahora le da 200.000 pesos a un hombre que está preso por estafar a los propios trabajadores municipales”.

Añadió que “da vergüenza ajena que Bertellys tome la misma actitud que tomó Inza cuando le devolvió la función, le dio una categoría más alta y le pagó un montón de plata”.

En ese marco, Burgos apuntó que “todos se hacen los distraídos y no es justo. Pongo dos ejemplos concretos: el señor Pérez tuvo un inconveniente en el Hospital con una paciente, lo condenaron y lo echaron del municipio. Al señor Imaz, que tuvo un problema con una compañera, también le sucedió lo mismo. Cuando alguien comete algo grave -y Varela encima está preso, condenado por los cuatro estamentos de la justicia- el municipio automáticamente no le paga y lo saca”.

Por esto, remarcó que “no me caben dudas que esto es un acuerdo de campaña, una devolución de favores. Varela es una herramienta de los políticos”.

Hizo especial hincapié en que la decisión del Intendente “cayó muy mal en los 630 embargados, en el resto de los empleados municipales y en la comunidad. En las redes sociales no hay uno que opine a favor de lo que hizo”.

Agregó que “Bertellys, Vieyra o González Hueso, no pueden arbitrariamente tomar una decisión de esa magnitud. Que Varela vaya a la justicia si cree que le tienen que pagar, pero esto se hizo todo bajo cuerda y saltó porque se enteraron los medios, si no hoy nadie sabría que otra vez le empiezan a pagar el sueldo y encima que le van a dar 200.000 pesos retroactivos”.

Volvió sobre su convencimiento de devolución de favores y fue más allá al remarcar que “hay connivencia y es muy clara. Pero Varela tuvo connivencia con todos los intendentes que han pasado. Si no le dan lo que pretende, que es acomodar a sus punteros y ahora cobrar estando preso, amenaza. Siempre hizo lo mismo, y ahora este Intendente, de entrada, ya cede ante él”.

Pero no quedó ahí la interpretación de Burgos. Advirtió que la propuesta de incremento salarial que el viernes presentó el STMA y que el Ejecutivo va a estudiar “también es parte del pacto para la devolución del sueldo a Varela. A mí no me pueden contar nada, ya las vi todas. Además, todos sabemos las visitas que los funcionarios le hacen al preso en la casa, como si fuera Yabrán. Sigue manejando los hilos por teléfono y en esas reuniones”.

Reiteró que “es una tomada de pelo hacia la comunidad y hacia el empleado municipal, y después espera que lo respetemos. Esto que está pasando es muy doloroso para Azul”.

Por último, consignó que “la verdad que Bertellys está perdido. Con esto demostró qué clase de calaña es. Tuvo la cara de pedirle 100 pesos a la comunidad para poder comprar insumos para el Hospital y ahora le sale pagando un montón de plata a un tipo que está preso, condenado por cuatro instancias judiciales. Bertellys es de la misma condición que Varela”.

ANTECEDENTES DE RECLAMOS DE VARELA

No es la primera vez que Omar Varela es beneficiado económicamente por el gobierno de turno. Ya en 2014, por decisión de la gestión de José Inza, la comunidad de Azul le pagó exactamente 73.754,22 pesos por un reclamo que el gremialista realizó y al que hizo lugar el recordado juez Pablo Gabriel Quaranta -el mismo que en 2013, en unas pocas horas, leyó un expediente de cientos y cientos de fojas y salvó a Inza de una segura suspensión como paso previo a su destitución por parte del Concejo Deliberante-

Aquel caso tuvo amplia repercusión negativa en la comunidad, que no compartió el hecho de que se le pagase por algo que no realizaba. Lo que sucedió fue que en diciembre de 2006, Varela se presentó en la justicia pidiendo la anulación de un Decreto dictado por el ex intendente Omar Duclós, mediante el cual le quitó la función del 30 por ciento que le había sido otorgada en 1991. Además de la anulación, el gremialista pedía la restitución de esa función y una suma de dinero en concepto de “resarcimiento” por el tiempo que no había cobrado.

La respuesta de Duclós en ese momento fue que Varela tenía tareas administrativas “normales” y no actividades especiales que justificasen una bonificación por función. Acá cabe aclarar que el cobro del adicional por función implica necesariamente la prestación de servicios extraordinarios, ya que se trata de tareas y/o funciones distintas a las que son propias del cargo.

La causa se paralizó hasta 2012. En mayo de ese año, el gremialista volvió a presentarse en el Juzgado de Quaranta para informar que el entonces intendente Inza y el ex secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Sergio Cedeño, habían firmado un Decreto a través del cual se le devolvió no sólo la función -ya no del 30 por ciento sino que se la subieron al 50– sino también la categoría I (la más alta) con 48 horas alternadas (también el máximo de horas que puede tener un trabajador comunal).

Ante este hecho, Varela se vio habilitado a pedir un resarcimiento económico, una especie de indemnización por el tiempo que no había cobrado lo que estimaba le correspondía.

Fue en febrero de 2014 cuando las partes firmaron un convenio extrajudicial y la Municipalidad le otorgó una indemnización de casi 50.000 pesos.

El acuerdo fue homologado por Quaranta y el Ejecutivo debía hacerlo efectivo en un plazo no mayor a los 10 días. Sin embargo -y pese a que fue la propia gestión Inza la que motorizó el convenio con fines “conciliatorios”-, no cumplió con el pago. Eso motivó que Varela le iniciara a principios de abril de ese mismo año una nueva demanda que terminó con la resolución de Quaranta de trabar un embargo sobre los fondos de la Municipalidad por 73.754,22 pesos, que finalmente le fue abonado al gremialista con los fondos de la comuna de Azul.

Ahora la historia se repite. Nuevamente Varela disconforme con el proceder municipal de otra gestión, pidió una revisión sobre lo actuado y la actual administración lo hizo. Revisó los actos administrativos y determinó que debe no sólo restituírsele el sueldo que dejó de pagarse por estar condenado por la justicia, sino también el retroactivo de un año.