Después de un paréntesis de varios días, el rectorado del Colegio Nacional de Buenos Aires avanza a paso firme en el pedido de sanciones contra los alumnos que participaron de la toma el mes pasado, al tiempo que internamente se afianza la idea de una posible expulsión de quienes profanaron la iglesia San Ignacio de Loyola.

Según pudo saber LA NACION, la Justicia evalúa la denuncia policial y las declaraciones realizadas sobre los desmanes por las autoridades del establecimiento y la parroquia afectada, e intenta determinar si los cinco estudiantes sospechados del ataque fueron efectivamente responsables de los incidentes (inscripciones anarquistas e intento de prender fuego varios sectores) que sorprendieron al sacristán y a gran parte de la comunidad de fieles del barrio de Monserrat.

Se trata de un proceso que sigue su curso en paralelo al que originó la toma, que se levantó a fines del mes pasado, y que la fiscal Lorena San Marco podría poner fin antes de lo esperado.

Consultado sobre este punto, el rector del Nacional de Buenos Aires adelantó a LA NACION que "si la Justicia demuestra que los chicos tuvieron responsabilidad [en la profanación], perderán inmediatamente la condición de escolaridad". Es decir, serán expulsados de uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad.

En ese contexto, Juan Manuel Cuello, presidente del Centro de Estudiantes, manifestó que de confirmarse la autoría de los chicos en el acto de vandalismo y el pedido de expulsión adoptarán "una defensa muy acotada".

"No vamos a tomar acciones desmedidas. Eso sería contradictorio. Sí vamos a pedir al Consejo de Convivencia, que es el órgano que interviene después de que se expida la Justicia, que reconsideren la decisión y modifiquen la sanción por una menor", comentó en diálogo con LA NACION. Y agregó que se habló incluso de pedir que los obliguen a hacer trabajos comunitarios y les brinden cierta atención psicológica.

"El Colegio debe hacerse cargo también y no sacarse el problema de encima", insistió.

PENAS POR LA TOMA

Por otro lado, Zorzoli confirmó a este medio que ayer las autoridades del colegio decidieron sancionar a cerca de 30 estudiantes que tuvieron algún grado de participación en la toma que sufrió el Nacional a fines del mes pasado. "Ayer los notificamos del pedido de sanción y desde entonces están haciendo los descargos correspondientes, según la normativa".

De acuerdo con el reglamento interno, son los regentes de cada turno los encargados de hacer solicitudes de este estilo. Para ello se revisa la conducta de los alumnos, su historia dentro de la institución y si estuvo o no involucrado en algún episodio anterior. Luego, el vicerrector confirma la pena que se aplicará a cada caso. Finalmente, una vez cumplidos los pasos previstos, se oficializan las sanciones. Esto último ocurrirá, de acuerdo con las fuentes consultadas, la semana próxima.

Pese a que está confirmado que los estudiantes serán reprendidos por la toma, aún se desconoce la cantidad promedio de amonestaciones que se les otorgará. Se cree que podrían llegar a ser 20, un número similar al que obtuvieron el año pasado por destrozos originados durante otra toma. "Se trata de sanciones arbitrarias por el sólo hecho de tomar el colegio. Esto no pasaba en la gestión anterior, salvo cuando había incidentes", se quejó Nicolás Cernadas, vocal del centro de estudiantes.

Conocida la noticia, distintos miembros de esa agrupación adelantaron a LA NACION que rechazarán cualquier tipo de sanción y convocaron a una asamblea para definir los pasos a seguir. Aseguran que con esta medida varios de ellos "quedarían libres".

"Esto puede funcionar como una amenaza. Tomar el colegio de nuevo sería algo muy loco. Los ocho días sin clase fueron poco razonables", advirtió Zorzoli acerca de la reacción de los estudiantes. "No creo que estén en condiciones de tomarlo de nuevo. Si lo hacen, habrá más sanciones", subrayó el rector