La decisión publicada ayer en el Boletín Oficial establece que la Secretaría de Transporte deberá instrumentar la “terminación” –el decreto no habla de rescisión– del contrato “evaluando el nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, conciliando las cuentas, la totalidad de los pasivos y activos”. Eso significa que la reestatización del Belgrano Cargas podría derivar en un gasto para las cuentas públicas.

Además de Macri y Sanhe Hopefull, la sociedad que administra esa línea de transporte de cargas está integrada por el grupo Emepa (concesionario de la Hidrovía y Ferrovías), Roggio (operador de Metrovías) y tres sindicatos: la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y el Sindicato de Camioneros. A partir de la “terminación del contrato”, recaerá en la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima, una compañía pública que hasta hoy no realiza ninguna tarea específica y que fue creada a comienzos de año como parte del programa de Reordenamiento Ferroviario. La OFSA está presidida por quien fuera el primer jefe de campaña de Mauricio Macri, el hoy kirchnerista Juan Pablo Schiavi.