Las fugas de dos represores condenados por delitos de lesa humanidad puso en alerta a la Justicia. El excoronel Néstor Omar Greppi (condenado en el juicio de la Subzona 14), quien estaba siendo atendido en el Hospital Militar de Buenos Aires fue trasladado a Santa Rosa por orden del Tribunal Oral Federal en la tarde de ayer.
Desde el TOF Santa Rosa informaron que hace unas semanas, Greppi fue alojado allí porque pidió ser atendido de caratatas. Por su atención se lo derivó al Hospital Militar de Buenos Aires.
Precisamente desde ese lugar se escaparon los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, quienes actuaron en la provincia de San Juan. Fueron condenados a prisuión prepertura y a 25 años de represión, respectivamente el pasado 4 de julio. Pidieron el traslado a Buenos Aires para atenderse de dolencias en la piel y de secuelas sicológicas. La semana pasada, cuando eran atendidos en el Hospital Militar, se fugaron.
Traslado
En la tarde de ayer, ls integrantes del TOF Santa Rosa resolvieron ordenar el inmediato traslado de Greppi desde el complejo de Marcos Paz. “Esta tarde mandamos a traerlo”, dijo uno de los funcionarios del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa que condenó a los militares y policías que actuaron en la Dictadura Militar en la llamada subzona 14.
El TOF tiene a su cargo la ejecución de la sentencia. “Resolvimos traerlo. Esta misma tarde”, dijo esa misma fuente. La decisión estuvo motivada por la fuga de Olivera y De Marchi. Además resolvieron que a partir de ahroa todos los detenidos se atiendan en el Hospital Lucio Molas.
“Van a estqar a cargo nuestro y en el Molas”, detalló. La ida de Greppi a Marcos Paz obligó a cederle la atención a otro tribunal federal de la jurisdicción.
El Tribunal Oral Federal espera un orden de la Corte Suprema de Justicia -en relación al trato de atencuión de saalud de los represores condenadois- que llegaría ede manera formal esta mañana.
Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud firmaron un convenio por el cual revisarán los antecedentes médicos de todos los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que ya no podrán ser trasladados para su atención a hospitales de las Fuerzas Armadas.
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