La nota -que lleva la firma de los representantes de la Asociación de Profesionales de la Salud, de los Autoconvocados de la Salud, del sindicato de los no docentes, del gremio que nuclea a los trabajadores del IPV y de la Administración de Juegos y Seguros, además de la Asociación de Jubilados Autoconvocados- invoca una serie de fundamentos por los cuales solicitan directamente la derogación del régimen, reservándose el inicio de acciones legales en caso de no tener una respuesta favorable a su planteo.

Los mismos gremios habían solicitado días atrás que se prorrogue el plazo fijado para comenzar a efectuar los descuentos a los trabajadores que financiarán -con el 2% de sus haberes- el régimen. También habían pedido una audiencia con el Gobernador. Como no tuvieron respuesta a esos planteos, avanzaron en el pedido de derogación.

"El régimen que se pretende introducir resulta inconstitucional, ilegal, inviable, impracticable, falaz, compulsivo, contradictorio, excluyente, violatorio de los derechos constitucionales, civiles, laborales y previsionales de los trabajadores, a quienes -como sujetos de derecho- no se les dio la debida intervención y participación a través de quienes ejercemos su legítima representación", señala la nota de los gremios.

Entre los argumentos enumerados, señalan que "se crea un régimen por decreto, cuando ya está instituido por la ley 4094/84", por lo que, consideran "se trata de legislar sobre lo ya legislado".

Cuestionan, además, que la aplicación del nuevo régimen se encomienda "a un organismo con rango de dirección" y que se le otorgue a ese organismo la potestad de "dictar reglamentos a futuro, lo cual crea inseguridad jurídica".

Consideran al régimen violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que otorga a la seguridad social el carácter de "integral e irrenunciable" por cuanto autoriza "renuncias al sistema".

También lo tildan de ilegal por cuanto "crea un financiamiento extra a los empleados públicos", porque pretende legislar hacia atrás y señalan que además su creación es "una clara demostración de que el convenio de transferencia (de la caja previsional provincial) no funciona ni ha funcionado nunca".

El régimen no contempla a docentes ni a policías

Desde la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), remarcaron que el decreto de creación del régimen previsional complementario excluye expresamente a los docentes y a los policías del sistema, por cuanto se trata de sectores que tienen regímenes jubilatorios especiales. De hecho, los docentes aportan el 13%, no el 11% como el resto de los agentes públicos.

La aclaración de la AGAP surge a raíz de los cuestionamientos al sistema esgrimidos desde el gremio docente ATECA, manifestando su rechazo a la caja complementaria y a un eventual aporte extra de parte de los docentes.

En ese sentido, desde la AGAP recordaron que extenderán por un mes más -hasta septiembre- el plazo para que los agentes puedan renunciar a aportar a esta caja complementaria. Y señalaron que, durante este período, se dedicarán a acercar información a los gremios y a los organismos públicos para evacuar las dudas que tengan los empleados.

El decreto que prorroga el plazo de opción saldrá en estos días.