Este instrumento autoriza el descuento del 2 por ciento, monto que sería destinado a la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), con el cual se pagaría el 82 por ciento a los jubilados. No obstante, hay un desacuerdo por parte de activos y pasivos, quienes consideraron este decreto como “incoherente".

Raúl Sequeira, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Perea, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Catamarca, Zully Díaz, del Sindicato de Empleados No Docentes del Ministerio de Educación, Miguel Díaz, secretario adjunto del Sindicato de Empleados de OSEP, Manuel Chayle, referente de Jubilados Autoconvocados, Ricardo Barrera de los Policías Retirados y Oscar Ferreyra de la Administración General de Juegos y Seguros, se acercaron ayer hasta Casa de Gobierno con el propósito de conseguir una audiencia con el Primer Mandatario y tratar de llegar a un acuerdo sobre este tema.

En diálogo con El Ancasti anticiparon que con la aplicación de este decreto se viene “un descuento compulsivo en el marco del 82 por ciento móvil”. Con el propósito de frenar este descuento, realizaron dos presentaciones, en una de ellas se solicita la suspensión de la aplicación del decreto hasta tanto no se realice una campaña para que los empleados de la Administración Pública tengan conocimiento y puedan tomar una decisión, explicaron. A los efectos de tratar este tema, presentaron una nota solicitando audiencia.

“Este decreto se va a aplicar a partir del 5 de agosto. Todos los agentes que no hayan optado por renunciar a este régimen, automáticamente van a quedar comprendidos y se les va a descontar el aporte correspondiente y, según el caso, la deuda para los que estén en condiciones de jubilarse”, aseguraron.

Además, detallaron que el Decreto 127 crea una caja complementaria para pagar la diferencia que hay con respecto al 82 por ciento móvil. Para los gremialistas, se trata de una caja aparte, “un apéndice de la Provincia”. Al mismo tiempo, agregaron que cuando un trabajador se jubila por la Nación –porque la Provincia no tiene régimen previsional dado que se lo transfirió a la Nación- no se le paga más de un 72 por ciento.

“Esa diferencia para llegar al 82 por ciento móvil, la Provincia la quiere cubrir creando una caja nueva complementaria, AGAP (Administración General de Asuntos Previsionales). Se creó este organismo en el que van a ir los fondos del 2 por ciento de lo que se descuente. Van a descontar sobre blanco y sobre negro, es decir, sobre lo remunerativo y lo no remunerativo. En cambio, ANSES sólo tiene en cuenta lo remunerativo”, advirtieron.

También destacaron que el régimen de Asignación Complementaria Previsional para el reconocimiento del 82 por ciento móvil, en parte, va a ser financiado por los mismos trabajadores. Según los sindicalistas, no sólo se les descuenta a los activos sino también a los pasivos que se adhieran al sistema.

“Hay muchos puntos oscuros porque cuando un trabajador se jubila, ya aportó durante todos los años para cobrar el 82 por ciento móvil. Nuestra provincia incorpora la jubilación en el Artículo 180 y la Constitución está vigente. El Decreto se estableció de manera unilateral porque no se consultó a los trabajadores y va a ser compulsivo porque la mayoría de los trabajadores no están informados. Queremos que se espere un poco más, se lo reformule y se consulte a los trabajadores”, comentaron.

Por último, adelantaron que depende de la respuesta que se tenga, se tiene previsto accionar judicialmente en defensa de los intereses de los trabajadores.

Los sindicalistas aseguraron que, por el momento, no se adhirieron a la lucha los trabajadores del Poder Judicial, la Legislatura ni tampoco ninguna municipalidad, tal vez por falta de información.