La última gran acción de los militantes de Greenpace en la provincia fue en el 2004, cuando fue descubierta una estafa a gran escala. El objetivo de la multinacional era monitorear, censar y proteger la diezmada población de Yaguareté en Salta. Todo terminó en un escándalo cuando se descubrió que nunca, siquiera, habían llegado a ver ni uno de estos espléndidos felinos. Hace una semana pararon un desmonte autorizado en el departamento San Martín y luego realización una protesta frente la Catedral. Uno de sus principales referentes en la provincia, pasó de ser ecologista a latifundista.

El pasado 24 de julio un grupo de activistas de Greenpeace detuvo un desmonte que se realizaba con autorización del Gobierno de Salta. Se trataba de unas 6 mil hectáreas en la finca San Francisco, ubicada en el departamento San Martín, al norte de la provincia de Salta, cerca del límite con Bolivia. Según sus activistas se trataba de una zona protegida por la Ley de Bosques.

Los militantes llegaron al lugar en costosas motos y cuatriciclos, detuvieron las topadoras y luego desplegaron un cartel con la leyenda “Urtubey: Basta de desmontes”. Dos días después, llevaban la protesta al centro de la ciudad.

El 26 de julio, un paquete y selecto grupo de “guerreros”, aprovechando los aires de renovación en la iglesia católica, montaron una obra colorida frente a la Catedral, ante la mirada atónita de los transeúntes.

Bajo la consiga de : “Urtubey, desmontar es pecado”, los activistas de Greenpeace se montaron a una estructura de siete metros de altura frente a la catedral de Salta, mientras dos se subían a ellas, otros integrantes de la organización repartieron información a los turistas sobre cómo el gobierno salteño viola, supuestamente, la Ley de Bosques.

“Desde la sanción de la Ley, en Salta se desmontaron 350 mil hectáreas, de las cuales 100 mil eran zonas protegidas. El gobierno de Urtubey continúa con la política de deforestación del ex gobernador Romero y cambia lo establecido por la ley nacional de bosques a pedido de los desmontadores.”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La maniobra publicitaria de Greenpace fue vista como de mal gusto y oportunista, ya que aprovechó la relevancia que tomó el catolicismo con la visita del Papa Francisco a Brasil.

“No hay que usar el lugar para este tipo de manifestaciones, lo que no quiere decir que estemos a favor de los desmontes, pero no hay que ser tan ingenuos porque Greenpace, es una organización internacional que tiene sus intereses económicos y políticos, así que no son nada ingenuos”, señaló a los medios de prensa Dante Bernacki, Vicario General de la Arquidiócesis de Salta.

Anecdóticamente, Bernacki relató que: “Me causaba gracia, porque les pregunte a la gente de Greenpace, si conocían el impenetrable y no tenían ni idea de lo que era el impenetrable, tampoco hablaron con la gente del impenetrable, no conocen el lugar. Me da la impresión de que son profesionales de la protesta llamando la atención”.

No tardó en llegar la respuesta del Gobernador Juan Manuel Urtubey a las acciones de Greenpace en la provincia: “yo vengo de una provincia en donde se deforestaban 500 mil hectáreas por año y en este caso puntual se ha impedido un aprovechamiento forestal sustentable de 3000 hectáreas que estaban en zona verde totalmente habilitadas. No hay que confundir una cosa con otra, nosotros no avalamos la ilegalidad. Mi gobierno ha dado muestras claras de respetar las normas ambientales”.

Pueden existir muchas críticas, de hecho las hay, sobre la política de desmontes en la provincia, también es cierto que es excesivo el nivel de desforestación de los bosques en Salta, pero quien denuncia carece de la credibilidad necesaria para llevar a cabo una campaña de este tipo.

¿Un depredador herbívoro y mugidor?

A mediados de los 90 la imagen glamorosa de Greenpace enamoraba a miles de jóvenes en el país, que desilusionados de la militancia política que generó el peronismo menemista, abrazaron, sanamente, la causa ecologista.

Era la imagen perfecta, una mezcla de comercial de Coca cola y aventura documental de National Geographic y sedujo a muchos artistas que colaboraron desinteresadamente en las campañas que esta multinacional proponía.

En este contexto, Greenpace en el 2000 logró reunió cien mil dólares aportados por sus contribuyentes a través de tarjetas de crédito, donaciones telefónicas y efectivo. Con estos fondos lanzaron el proyecto “Yaguareté”, que tenía como finalidad censar y dejar al descubierto la precariedad de la existencia del magnificó felino americano.

Con el dinero recolectado, los responsables de Greenpace compraron una camioneta 4x4, un teléfono satelital, cuatro jaulas-trampa y cuatro collares con sistema de detección satelital para colocarlos en los Yaguareté de la zona de Yungas de la provincia.

El proyecto quedó a cargo del biólogo de la UNSa Pablo Perovic. Para el seguimiento satelital de los collares colocados en los animales se contrató además a la empresa francesa Argos. No es tarea fácil atrapa semejante animal, por lo que durante dos años, un tiempo más que excesivo para el más inútil de los tigreros, se logró capturar, dormir y colocarle un collar a una hembra de 90 kilos.

En diciembre de 2001, se anunció el inició del monitoreo satelital del ejemplar. Para la captura contrataron los servicios de Pablo Corro, un baqueano de la zona con alguna experiencia en cazar tigres.

Emiliano Ezcurra, principal referente de Greenpace en Salta, informaba que:"la noticia más esperada: luego de dos largos años de trabajo, en las vísperas de la Navidad, el biólogo Pablo Perovic junto al baquiano Pablo Corro lograron colocar por primera vez un collar de seguimiento satelital a un yaguareté en las Yungas. De noche y con mucha lluvia, una hembra de más de 90 kilogramos, bautizada IXS, es adormecida durante 45 minutos con un dardo de Perovic. Al despertar, IXS comenzó a transitar la selva con un collar que llevará por un lapso de dos años y que nos permitirá monitorear sus desplazamientos y demostrar que el corredor debe ser declarado Reserva de Biosfera".

El corredor que Greenpace aseguraba defender, era nada mas ni nada menos, que la traza del gasoducto a Chile de la empresa Pan American Energy, empresa con la que al inicio de la obra los ecologista tuvieron un duro enfrentamiento, hasta que la firma realizó un suculento aporte a la causa conservacionista.

El engaño duró casi tres años, pero en el 2004, Pablo Corro denunció que Perovic y Greenpeace lo habían engañado. El baquiano denunció ante la Justicia laboral que nunca le pagaron los servicios para los que había sido contratado y que el collar nunca fue colocado a ningún yaguareté.

El costoso collar y monitoreo, tras el fracaso de colocarlo a un Yaguareté, terminó en el cogote de un ternero, que con el paso de los meses fue creciendo hasta el punto de dejarlo al borde de la asfixia por ahorcamiento.

Corro, un día cansado de reclamar por ocho meses de sueldo prometido no cobrado, cortó el collar con un cuchillo, liberó al ternero, ahora ya una vaca hecha y derecha y se dirigió a la ciudad de Orán a realizar un reclamo laboral.

En su declaración el baqueano contó que fue contratado, él y su ternero, por Perovic y Ezcurra; su trabajo consistía en poner el collar al bobino y hacerlo pasear algunos kilómetros todos los días para que el satélite registre su paso.

La estafa quedó al descubierto y el proyecto Yaguareté se disolvió. Greenpace y Ezcurra se fueron de la provincia y el biólogo Perovic quedó solo, sin el apoyo de la Universidad y dando explicaciones sobre la más costosa cría de una vaca en la historia mundial.

De ecologista a terrateniente

Los giros que da la vida, tienen más sorpresas que la mejor película de ciencia ficción que se haya filmado.

Muchos hablan de la capacidad camaleónica de los políticos argentinos, pero estos no tienen ni para empezar al lado de Emiliano Ezcurra, que pasó, en poco menos de cinco años, de furioso detractor de la política ambiental de Salta, a funcionario público y poco después a terrateniente políticamente correcto, si es que esa clasificación existe.

Poco después del escándalo Yaguareté, Emiliano Ezcurra abandonó la provincia, estuvo en varios países del mundo y regresó a Salta, para enorme sorpresa de muchos, como funcionario provincial. En octubre de 2010, el decreto 4140, publicado en el Boletín oficial lo designaba en el cargo político de nivel 2 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Protestas de productores y denuncias por los medios de prensa, lo hicieron renunciar de su cargo, pero no desapareció de la escena provincial. Pocos meses después volvió con un negocio inmobiliario, forestal y ambiental a desarrollarse al Sur de Salta, muy cerca del Parque Nacional El Rey.

“Ama Kella” es un predio de 20.174 hectáreas, lindero con la finca El Ebro, que se encuentra como área protegida y que lo separa de Parque Nacional El Rey. El propósito consiste en establecer un corredor biológico y realizar un emprendimiento de desarrollo sustentable a través de "cinco unidades de negocios", que se canaliza a través de la empresa Eidico SA.

En su publicidad aseguraba que la intención es: "hacer producir en forma rentable propiedades con ecosistemas naturales mediante prácticas sostenibles sin transformar de manera irreversible el ambiente natural".

El emprendimiento Ama Kella se llevaba de patadas con la ley Bonasso, curiosamente, redactada por Greenpeace, que prohíbe la actividad forestal en todo el NOA y el NEA, incluidos aquellos que se enmarcan en la legislación forestal.

Problemas en todos lados

Las actividades poco claras de Greenpace no son exclusivamente llevadas a cabo en Salta, sino que se desarrollan en todo el mundo, pero para no irnos tan lejos, tomemos el ejemplo de San Juan.

El pasado siete de junio, ocho activistas de Greenpeace fueron detenidos en San Juan por haber escalado por la madrugada el frente del Centro Cívico para desplegar cartel gigante con el reclamo para que el gobernador de la provincia, José Luis Gioja, prohíba la minería en la Reserva de Biosfera San Guillermo, donde abundan causes de agua y varias especies de flora y fauna.

“La Minería a cielo abierto utiliza sustancias tóxicas y explosivos; implica la remoción de grandes cantidades de roca, la construcción de diques de cola, caminos y otras estructuras, que impactan dentro de la Reserva”, señaló Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace: “Es necesario que se tomen medidas para proteger este paraíso silvestre, esta actividad es una amenaza concreta para las especies y los cauces de agua”.

La respuesta del gobierno sanjuanino fue inmediata, promovió juicio contra la multinacional y explicó que: “En el año 2008 el Gobierno de San Juan encomendó a la Universidad Católica de Cuyo la elaboración del Plan de Manejo para la Reserva de Biosfera San Guillermo (RBSG). En este plan se propone una zonificación que se ordena espacial y funcionalmente en tres zonas interrelacionadas: Zona Núcleo, Zona de Amortiguación y Zona de Transición.

De acuerdo a este Plan: La Zona Núcleo es una zona intangible en la que no se permite ninguna actividad minera y en consecuencia no se registran proyectos mineros de ninguna índole.

En la Zona de Amortiguación, existen algunas actividades de prospección y exploración las cuales son sometidas a una exhaustiva evaluación. Se condiciona fuertemente a las empresas a implementar planes de manejo y se realiza el monitoreo permanente de todas las variables ambientales. En esta zona no hay absolutamente ningún emprendimiento de extracción.

En la Zona de transición está permitida la actividad minera y algunos de los proyectos que a Usted le provocan preocupación se encuentran al oeste de la misma.

Los problemas que tuvieron en el mundo son muchos, pero con la mención de tres de ellos se comprenderá la forma de acción que usa esta multinacional ecológica.

Desde 1971 cuando Greenpeace fue creada, la descubrieron varias veces cometiendo fraudes científicos en sus denuncias y campañas. Los casos resonantes en la década de los 90 fueron denunciados y demostrados por periodistas de Dinamarca (Leif Blaedel), y de Islandia (Magnus Gudmunsson), cuyas denuncias terminaron provocando la renuncia de Bjorn Oekern, presidente de Greenpeace Noruega, y las posteriores denuncias de fraudes con cuentas secretas en Suiza de sus directivos, por parte de Frans Kotte ex-jefe de contadores de Greenpeace International.

Gudmunsson fue demandado por Greenpeace Noruega, por difamación. En mayo de 1992 los tribunales dieron la razón a Gudmunsson. A raíz de ello, el presidente de Greenpeace Noruega, Bjorn Oekern renunció a su cargo. Además auto-denunció a la organización ecologista por sus métodos recaudatorios. Greenpeace Noruega pasó de tener 15.000 socios a solamente 35. Hoy por hoy la filial está a punto de ser cerrada.

Otro periodista, el danés Leif Blaedel demostró que una película de propaganda de Greenpeace estaba falseada. La organización ecologista había contratado a personas que se dedicaban a matar salvajemente focas para, así, denunciar el asesinato de focas.

Igualmente la película ecologista Goodbye Joey fue condenada por los tribunales de Dirranbadi (Australia) por utilizar tomas falsas. En este caso fueron contratados por Greenpeace unos cazadores de canguros que se dedicaron a maltratar canguros para poder hacer la película. En este caso los cazadores fueron multados. Sin embargo, la película se exhibió en muchos países como un reportaje real.