La jueza del Quinto Juzgado de Instrucción, María Inés Rosselot, aún no emitió la resolución con el seguro procesamiento de los imputados en el caso de las expropiaciones, porque antes de eso, deben resolver varias presentaciones de los abogados defensores y estudiar una enorme cantidad de documentación a partir de la cual deberá fundamentar su determinación de elevar la causa a juicio o no.

Según pudo saberse en la sede del tribunal que mantiene imputadas a 11 personas, entre la ex jueza Rosalba Marún de Sovelbio, el ex fiscal Mario Díaz, el abogado Santiago Graffigna y varios empleados de la Fiscalía de Estado, la Dirección de Recursos Energéticos y el Tribunal de Tasaciones y que tiene pendiente la captura del letrado, Horacio Alday, la jueza estudia por estos días las 3.600 fojas contenidas en el expediente principal que tiene 18 cuerpos, más otros 4 cuerpos de investigaciones realizadas por la Policía Federal y los 9 cuerpos (1.800 fojas), que contiene el expediente administrativo que derivó en la cesantía del abogado de la Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi.

Con tanta documentación a la vista, se calcula que la resolución de la magistrada va a tener una dimensión exorbitante que le insumiría al menos 250 páginas, donde piensa enumerar todas las fundamentaciones a las decisiones que adopte y que, por lo que se ve venir, serían de autos de procesamiento y dictado de prisión preventiva de todos los involucrados, cuyas causas serían elevadas a juicio.

Por estos temas, en tribunales suponen que la resolución no estará terminada esta semana, como se había especulado en un principio, a pesar de que los términos procesales para hacerlo ya están vencidos.

Pedidos

En los últimos días, ingresaron al juzgado innumerables pedidos de entrega de copias del expediente de prácticamente todos los defensores de los imputados, que es el trámite que los colaboradores de la jueza están llevando a cabo.

Pero además, hay otros cuatro pedidos relacionados con cuestiones procesales, entre los que se cuentan dos pedidos de los miembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Basanni y Joaquín Fernández, que solicitaron ampliar sus respectivas declaraciones indagatorias, sobre lo que la magistrada no se expidió y que, según pudo saberse, lo haría recién después que emita su resolución en la causa.

Graffigna

Por su parte, los abogados Fernando Rahmé y Rolando Lozano, defensores de Santiago Graffigna, hicieron dos presentaciones por las que piden, en un caso, incorporar algunas consideraciones del imputado en relación a hechos producidos durante el proceso judicial de las expropiaciones que están bajo investigación, que había omitido al momento de declarar ante la jueza.

En la otra presentación, los abogados pidieron el dictado de la falta de mérito y el dictado del sobreseimiento de Grafigna, por entender que no están probados los delitos que le imputa la fiscalía en el Requerimiento Fiscal, lo que también será contestado al momento de la resolución judicial que dicte la jueza sobre el caso.

Jury

Por otra parte, se conoció la opinión del defensor del juez Carlos Macchi que está acusado y sometido a un Jury por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Guillermo Toranzo, de que “por los gastos que se van a producir al Estado provincial, sería mejor suspender el Jury”, aunque no transformó en un pedido formal esa idea.

El Jury a Macchi está previsto para que empiece el 21 de agosto en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital y para realizarlo, el Jurado de Enjuiciamiento se encuentra abogado a montar la plataforma fáctica que permitirá el desarrollo del proceso, que incluye, entre otras cosas, la contratación de taquígrafos de la Cámara de Diputados y adicionales de seguridad.