En una maniobra “insólita”, el titular del Senado Renan Calheiros decidió adelantar la fecha del juicio final contra Dilma Rousseff para el 25 de agosto. Se había pactado, en un principio, que esa votación clave debía ocurrir el 29. La anticipación, en cuatro días, no fue producto de la casualidad. En verdad respondió a una demanda del presidente interino Michel Temer, que quiere verse consagrado como efectivo no más allá del 31 de este mes. La razón para tanta prisa se llama: “Cumbre de jefes de Estado del G20 en China”. El titular provisorio del Ejecutivo había dicho que no podría ir a esa reunión, fijada para el 5 de septiembre, si apenas cursaba un interinato, como ocurre hoy.

Después de varias reuniones, y varias concesiones “políticas” mediante, el actual jefe del Palacio del Planalto consiguió su objetivo. A cambio, el senador Calheiros recibió la debida recompensa. Un hombre de su “confianza” debe ser nombrado en breve como futuro ministro de Turismo. La fecha de comienzo del juicio, el 29 de este mes, había sido anunciada por la Corte Suprema y, a partir de ese momento, debía extenderse hasta el 5 de septiembre. Pero la decisión del más alto tribunal de justicia fue simplemente “pasada por encima”. Ahora, todo deberá definirse en el corto lapso que va del 25 al 29 de agosto; en ese período, serán oídos tanto los testigos de la acusación como de la defensa. Inclusive, es el tiempo que tendrá la presidenta Rousseff para preparar su autodefensa en el Senado. Según Calheiros no habría por qué preocuparse, ya que si es preciso se habilitarán sábados y domingos; una escena ya vista en abril cuando se usó hasta un domingo (el 17 de ese mes) para abrir el proceso contra la jefa de Estado.

Entre muchos senadores, inclusive aquellos que se manifiestan indecisos, esta es una operación “tramada” sin duda por Michel Temer para presentarse al mundo como el legítimo presidente brasileño; y de paso iniciar una visita oficial a China. Se ilusiona con ampliar el comercio con la potencia asiática, a partir de ese viaje.

Este martes, en Brasilia, otro hombre del “oficialismo” interino dio muestras de que el “impeachment” no será más que un trámite burocrático en el Senado. Sin considerar las opiniones de expertos y de la justicia, que declararon “inexistentes” los delitos por los que se acusa a Dilma, el senador Antonio Anastasia (del partido socialdemócrata, aliado a Temer) leyó ante la Comisión Especial de Impeachment su informe final. Dice, en él, que la presidenta Rousseff cometió “delitos graves”. Peor aún, los calificó como “un atentado a la Constitución”. Las ilegalidades, según Anastasia, fueron tanto el aumento de partidas presupuestarias para determinados sectores (llamados decretos de crédito) a las también denominadas “pedaleadas” fiscales, que se originaron, según afirma Anastasia, en atrasos para transferir fondos al Banco de Brasil por los pagos que la institución realiza de subsidios del “Bolsa Familia” (el programa contra el hambre). En consonancia con su socio Calheiros (ambos son aliados pero no pertenecen a la misma agrupación política), Anastasia deberá leer el jueves el informe aprobado por la Comisión Especial. Luego de esto, un paso “necesario” en el cronograma, será votado en el plenario del Senado. Y así dará inicio a los 4 días que durará el juicio político.