Sin embargo, quedó latente el condicionante que había puesto en riesgo este encuentro, como también el sostenimiento de la paz social acordada el mes pasado entre las partes, que es la situación de dos empleados de Contaduría que fueron reubicados en contra de su voluntad.

Poco después de las 9.30, en la Sala Mechi Mario de Casa de Gobierno, integrantes de la Intersindical se encontraron con el subsecretario de Trabajo, Diego Alvarez, a quien le hicieron saber el borrador del proyecto sobre convenciones colectivas de trabajo en el Estado provincial, cuyos principales rasgos fueron publicados ayer por LA ARENA.

Previamente, y por no encontrarse presentes los ministros de Hacienda y de Gobierno, el problemático tema de los trabajadores de Contaduría fue transmitido a Alvarez, quien se comprometió a llevar la inquietud gremial a Sergio Violo y César Rodríguez.

El miércoles, a las 9, cuando se vuelvan a encontrar, el gobierno dará una respuesta sobre el particular. "Es una pavada, con volverlos a sus lugares de trabajo el tema queda resuelto y se evita poner en riesgo la tregua a la que llegamos. Este miércoles, esperamos una respuesta positiva y así poder seguir con el estudio de la Ley de Paritarias", expresó al término del cónclave, que se prolongó por espacio de una hora, el dirigente de ATE, Ricardo Araujo.

Durante el breve encuentro, se paso revista al trabajo de la Intersindical, el que recibió algún tipo de observación por la parte oficial, uno de ellos el referido a la representatividad gremial de los paritarios, concretamente se citó el caso del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampéanos (Sitrasap), que no tiene personería gremial reconocida por el Ministerio de Trabajo.

Araujo estimó que este punto "es salvable" y permitiría una real representación gremial de todos los sectores involucrados con la administración pública pampeana.

En líneas generales, lo analizado en la víspera no presenta aristas que puedan generar polémicas, por lo que desde el sindicalismo estatal se confía en que en el corto plazo se contará con una norma que habilitará a la discusión salarial y de condiciones de trabajo entre los empleados públicos provinciales y el Ejecutivo.