En una señal de la presidenta Cristina Kirchner para evitar una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno intimó ayer al Congreso para avanzar antes de junio en la sanción de la ley contra el lavado de dinero, trabada desde el año pasado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que hizo el anuncio junto al ministro de Justicia, Julio Alak, le envió ayer mismo una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, para pedirle "celeridad" en el tratamiento del proyecto, que ya estaba siendo debatido en la Comisión de Legislación Penal, presidida por Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Automáticamente, Fellner envió otra carta a Vega y al presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, para que convocaran a una reunión conjunta para la semana próxima. El apuro del Gobierno se da frente a la nueva reunión del GAFI, prevista para junio, en la que la Argentina podría pasar a integrar la llamada lista gris, en la que figuran los 20 países que no cumplen las normas internacionales.
El gran punto de conflicto es la conformación del organismo de aplicación, la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella. El Gobierno pretende mantenerla bajo la órbita del Poder Ejecutivo y la oposición insiste en que se cree un órgano diferente que dependa del Congreso.
A pesar de la exhortación presidencial, el avance de la norma parece difícil. Según confiaron altas fuentes oficiales a LA NACION, el Gobierno no está dispuesto a ceder. Sostiene que en la mayoría de los países el organismo de aplicación depende del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, la oposición ya mostró ayer su desacuerdo. "Lo importante es tener una ley que combata en serio el lavado de dinero, no meramente una solución cosmética que satisfaga los deseos de un organismo internacional", sostuvo Prat-Gay. Su par Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), que como la CC presentó un proyecto, planteó: "El oficialismo debe abrir a la discusión el proyecto. Es fundamental garantizar que la UIF no sea un elemento de presión".
El Gobierno aceptó modificar la tipificación penal para que el lavado de dinero fuera considerado un delito "autónomo". Y está dispuesto a discutir algunas atribuciones de la UIF, como la de ser querellante, que era parte del proyecto inicial del Gobierno. Pero no modificará su postura respecto de la dependencia del órgano de control del Poder Ejecutivo.
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