El Gobierno nacional rechazó la posibilidad de sancionar una ley que permita derribar los aviones que ingresen en forma clandestina al país. La legislación argentina "no prevé la pena de muerte y menos sin proceso previo", dijo este jueves el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en declaraciones a la prensa que formuló junto a su par de Seguridad, Arturo Puricelli.

De esa manera, respondió a referentes del peronismo opositor que impulsan ese tipo de iniciativas, como el intendente de Tigre, Sergio Massa, el diputado nacional Francisco De Narváez, y el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que más temprano había dicho: "Tiene que haber radares que detecten los vuelos clandestinos para obligarlos a que aterricen y, si se niegan, entonces proceder" a derribarlos.

"Lo del derribo es una locura. La Argentina no prevé la pena de muerte y menos sin proceso previo. Hubo un caso en el que se derribó un avión que tenía a un pastor y seis evangelistas a bordo. Es un tema delicado y no hay soluciones mágicas", afirmó Alak.

Por su parte, Puricelli dijo que es más fácil y efectivo manejarse de acuerdo a las convenciones que Argentina firmó con los países limítrofes. "En eso es mas fácil hacer lo que hacemos nosotros. Tenemos convenciones firmadas para ingresar al espacio aéreo de países vecinos persiguiendo los aviones hasta tanto sea seguido por ese país. Si los matas no hay nadie que delate al jefe. La ley de derribo parece ser reclamada con una gran responsabilidad. Nosotros queremos capturar a los narcos y no es bajando los aviones que se va a lograr esto. Es mentiroso y engañar a la gente. Es lo mismo que decir que los problemas de seguridad se resuelven con mayores penas. Es un título, puro marketing".

Además, el ministro de Seguridad calificó de "existoso" el plan de radarización que lleva adelante el Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que el kirchnerista es "el único gobierno que invirtió" en ese rubro desde la última administración de Juan Domingo Perón. De todos modos, admitió la dificultad para custodiar las fronteras por su "extensión de 9.300 kilómetros".

Alak también volvió a cuestionar al Consejo de la Magistratura, al señalarlo como "responsable de promover jueces" y porque "hace un año y un mes que no eleva ninguna terna" de candidatos para cubrir juzgados vacantes.