La crisis originada por la seguidilla de delitos y las críticas a la policía podría derivar en la desarticulación del Consejo Local de Seguridad, si el gobierno de la provincia no atiende los reclamos de ese foro.

Así lo expusieron ayer el coordinador del Consejo, Carlos Aristegui, y otros representantes vecinales, quienes se quejaron de que los funcionarios provinciales no asisten a las reuniones ni les contestan las notas.

Aristegui (quien asiste al Consejo por la delegación Lago Moreno), Rubén Llanquinao (por Pampa de Huenuleo) y Martín Aguilera (por delegación Este) se presentaron ayer ante el Concejo Deliberante para transmitir su decisión de dejar el Consejo si no tienen respuesta "del municipio y la provincia".

Luego Aristegui reconoció a este diario que los representantes municipales asisten y participan de los encuentros, "pero la provincia no", a pesar de que el Consejo de Seguridad está creado por ley.

Dijo que esperan al menos "saber quién va a ser el interlocutor" y también quieren conocer "el plan de seguridad que tiene la provincia para Bariloche".

En la reunión abundaron los diagnósticos críticos sobre la actual actuación policial, la desinversión en esa materia y las imprevisiones "como las de ayer (por el domingo), cuando se sabía que podía haber incidentes después del River-Boca".

Participaron también la secretaria municipal de Seguridad, Carolina Von der Becke, y la directora de Prevención del Delito de la provincia, Noemí Acuña, quien recibió las mayores críticas.

Aristegui insistió en que "a la policía le falta capacitación, tanto en el uso de armas como en las técnicas para reducir a una persona agresiva sin lesionarla". Recordó que la mayoría de los uniformados no realiza prácticas de tiro.

Su par Rubén Llanquinao aseguró que "el foco sigue estando en los mismos lugares y hay barrios en los que la policía no entra, como el 28 de Abril, el Progreso y el Arrayanes".

Según Aristegui, en mayo viajaron a Viedma y se reunieron con la comisión "interpoderes" de seguridad, convocados por el legislador Pedro Pessatti. Pero desde entonces no pudieron entablar nuevos contactos.

"Ni (el jefe de la Regional III) el comisario Arias, ni (el jefe de policía) Gatti, ni Acuña ni la comisión interpoderes nos contestó nada -se quejó el dirigente-. Hay manifiesta intención de no darnos bolilla".

Acuña intentó una tibia defensa pero otro dirigente vecinal la desmintió y dijo que faltó a la mayoría de las convocatorias del Consejo, que se reúne cada 15 días.

El presidente del Deliberante, Ramón Chiocconi (FpV), opinó que "se trabaja bien pero es insuficiente" y también que "debería haber más presencia de la provincia".

El concejal Alfredo Martín (FG) consideró que "la seguridad es un tema de todos y no se puede dejar en manos de la policía", Dijo además que "es una infamia que la Justicia Federal alegue falta de recursos para investigar las denuncias recibidas al 0-800 droga", como había referido antes Aristegui.

Martín también admitió que "este Consejo de Seguridad tiene que remontar ante la sociedad lo ocurrido con el anterior", que todavía adeuda rendiciones presupuestarias. Lamentó que "en ocasiones el Consejo haya actuado sólo como la cooperadora de la policía o limitado a denunciar los delitos contra la propiedad privada".

El titular del organismo reiteró que si la provincia no cambia de postura y le otorga al Consejo el rol que le corresponde por ley, dejarán su función.