El relevamiento comenzó en 2007 y gran parte de su desarrollo tuvo lugar en coincidencia con el conflicto por las retenciones. Los productores dejaron de colaborar como parte de las protestas, ahora las entidades financieras están obligadas a exigir el certificado.
El censo, iniciado en medio del conflicto por las retenciones móviles, fue polémico y muchos ruralistas optaron por no participar. Por eso cuando un mes atrás el Banco Central dispuso hacer cumplir con el decreto 1764/07, los cruces por este tema se pusieron a la orden del día, esta vez con los bancos más cerca del sector agropecuario.
El Gobierno aceptó flexibilizar la exigencia pero sin resignar un objetivo central: que los productores informen al INDEC los datos de su actividades de mayo de 2010.
La primera comunicación del BCRA tenía fecha del 24 de noviembre. Era breve y contundente: les recordaba a las entidades financieras que quedaban obligadas a exigir a todos los productores agropecuarios (excepto a que los que comenzaron su actividad después de enero de 2008) el Certificado de Cumplimiento Censal "como requisito previo a la conformación de cualquier trámite".
La norma no hubiese tenido repercusión si no fuera por el hecho de que el Censo Agropecuario fue visto por los productores como un elemento extra de presión del Gobierno, en medio del conflicto por las retenciones. El INDEC ya estaba inmerso en los cuestionamientos por la influencia negativa de Guillermo Moreno en el organismo había comenzado en enero de 2007 y por lo tanto la desconfianza sobre la confidencialidad de los datos relevados era alta.
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