De acuerdo a datos oficiales recabados en la Ciudad Judicial, la Fiscalía de Estado todavía no demandó a la mayoría de los funcionarios acusados de corrupción en causas que van desde el peculado hasta el enriquecimiento ilícito. Esa situación se resalta en dos casos emblemáticos: Sergio David y Silvio Amoresano.

Esa responsabilidad le corresponde al fiscal de Estado, José Vanini, quien continúa haciendo la "plancha" en ambos expedientes, sin avizorarse en el horizonte un cambio de proceder, excepto con otros dos ex funcionarios marinista, Hugo Agüero y Luis Araniz, a quiénes sí se les inició una causa civil para recuperar los fondos públicos sustraídos de la administración pública provincial (ver aparte).

En la década de los '90 la matriz de la corrupción instalada en La Pampa se gestionó a través de algunos altos funcionarios en oscuros negocios que, en una mediana expresión la justicia investigó y castigó. La pregunta es: ¿quienes fueron detectados en aquellas maniobras son objeto hoy, por parte del Estado pampeano, de demandas civiles en la búsqueda de una reparación pecuniaria?

El cargo de fiscal de Estado previsto en la Constitución provincial en el artículo 101 determina que ese organismo es el encargado de defender el patrimonio del fisco, siendo parte legítima en los juicios contenciosos-administrativos y en todo proceso en que se controviertan los intereses provinciales.

A la fecha, la gran mayoría de los juicios por corrupción que afectaron el patrimonio de todos los pampeanos, salvo como se explicó los casos de Agüero y Araniz (causa 79.576 p/cobro ordinario de pesos), la fiscalía no presentó demanda alguna. No alcanza con el limitado funcionamiento de organismos extra poder, como lo son la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o el Tribunal de Cuentas, y la Dirección General de Rentas como parte del Poder Ejecutivo.

Constitucionalmente es la Fiscalía de Estado quien debe defender judicialmente el patrimonio provincial puesto en riesgo. Allí es cuando debe perseguir milimétricamente a los responsables para recuperar los dineros sustraídos, sin importar la instancia por la cual transcurren los procesos judiciales.

Un pedido de informe.

Días atrás el diputado radical Martín Berhongaray presentó un pedido de informes tendientes a que el "Poder Ejecutivo informe a la Legislatura las acciones que ha realizado, si es que las inició, contra ex funcionarios condenados por, entre otros delitos, hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito, en pos de reparar los perjuicios ocasionados al Estado".

Pero como son épocas preelectorales difícilmente su consulta pueda ser evacuada en breve plazo. Planteó entre otras cosas que "en todos los asuntos se comprobó fehacientemente que la administración pública y otros organismos con representación estatal resultaron perjudicados por los actos y omisiones llevados a cabo por los agentes mencionados; por tanto, corresponde a los ex funcionarios aludidos reparar los daños que el incorrecto ejercicio de sus cargos generó a las haciendas públicas provinciales o municipales, y al Estado perseguir el cobro de los perjuicios constatados".

Expresó además que "corresponde fijar en diez años el plazo de prescripción de la obligación de los funcionarios públicos, toda vez que la relación que une al agente con el Estado sea de naturaleza contractual". En base a eso, propuso que el Estado no dilate más el inicio de los procesos administrativos y judiciales enderezados a exigir en forma directa la reparación de los perjuicios causados.

El caso Sergio David.

El caso del ex director provincial de Deportes Sergio Angel David, no deja de sorprender por la inercia de la Fiscalía de Estado en la búsqueda de recuperar los dineros presuntamente sustraídos. Dicen los expertos del derecho que cuando los caudales de un Estado están en riesgo no importan en que estado procesal se encuentre la investigación para actuar con la mayor celeridad posible y pedir el embargo de bienes del funcionario o ex funcionario sospechado.

En octubre de 2009 la Cámara en lo Criminal 2 condenó a David a la pena de tres años de prisión efectiva por el delito de enriquecimiento ilícito y lo inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos. Quedó comprobado su enriquecimiento ilícito por 366.588,40 pesos a valores históricos. Además, lo multó con el 80 por ciento del valor del enriquecimiento. Más tarde los jueces lo absolvieron del delito de omisión y falsedad de declaración jurada porque la acción penal de ese delito había prescripto.

Los camaristas, por unanimidad, dijeron que "se tiene la certeza que mientras se desempeñaba como funcionario público entre abril de 1998 y diciembre de 2003 y posteriormente hasta el año 2005, aquel había tenido un incremento o enriquecimiento patrimonial no justificado".

El 14 de mayo del año pasado el Tribunal de Impugnación Penal confirmó la sentencia a tres años de prisión efectiva a David. Incluso el Superior Tribunal de Justicia le denegó un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema, por lo que la única vía que le queda es ir en queja a ella. A pesar de lo avanzado del proceso, la Fiscalía de Estado no ha obrado en consecuencia para recuperar el patrimonio perdido por el tesoro público provincial por si la sentencia quedase firme.

La causa Amoresano.

Silvio Pascual Amoresano, ex funcionario marinista, vernista y alcalista, si bien tampoco tiene firme su sentencia, fue condenado a la cárcel en septiembre 2007 por haberse enriquecido en forma ilegal durante su paso por la administración pública en distintas gestiones justicialistas. Fue procesado por el juez de instrucción, Gustavo Jensen, debido a que no pudo demostrar su notable incremento patrimonial desde que ingresó al Ministerio de Obras Públicas en 1994 hasta diciembre de 2004.

Además de la pena a prisión, se lo condenó a una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos y se le decomisó un total de 223.000, que es el monto que el imputado no logró justificar. Ello ocurrió el 9 de junio pasado, cuando los camaristas Eduardo Olmos, Carlos Mattei y Carlos Besi dieron cuenta que las sospechas se iniciaron al comparar las declaraciones juradas de 1999 y de 2002 donde el TdeC ya había advertido un excesivo incremento patrimonial que no pudo justificar (también intervino la FIA en 2005).

Quedó probado que Amoresano tiene complejos de departamentos en distintas zonas de la ciudad y en el balneario Las Grutas; un campo en Winifeda y dinero en depósitos bancarios.

Frente a estos dos casos, todavía resta saber qué medidas tomara en el futuro la Fiscalía de Estado en las nuevas causas en las que se encuentran involucrados varios ex funcionarios políticos. ¿Es de esperar un cambio de actitud o todo seguirá igual?