El Gobierno presentará esta semana el proyecto de ley para reformar el actual Código Procesal Penal con el que busca agilizar las causas judiciales y dejar la instancia de investigación en manos de los fiscales y no de los jueces.

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, ratificó que en los próximos días la Casa Rosadaenviará al Congreso la iniciativa que anunció hace dos semanas la presidenta Cristina Kirchner cuando promulgó el nuevo Código Civil y Comercial. Esperan aprobarlo este mismo año.

Ayer, Álvarez negó que el proyecto busque darles impunidad a los funcionarios en causas por corrupción. "Es tremendo tener que contestar esto. Las causas que se iniciaron con el procedimiento anterior continúan con el procedimiento anterior", aclaró después de que sectores de la oposición denunciaron que la reforma podría beneficiar a quienes ya tienen causas en la Justicia.

El texto prevé instancias orales en la etapa de instrucción y cambia el actual sistema inquisitorio para pasar a uno acusatorio, es decir que será el fiscal el encargado de investigar y el juez, de resolver. Hasta ahora, ambos compartían las tareas de investigación.

Como toda ley, los cambios no serán aplicados para atrás, con lo que las causas abiertas hasta la reforma seguirán su procedimiento con el sistema actual.

La implementación del nuevo código que cambia por completo el procesamiento penal actual dependerá de una ley posterior para poder ponerlo en práctica. Fuentes oficiales confiaron, además, que la aplicación podría dividirse por regiones y comenzar por las provincias del NEA y NOA, con mayor cantidad de causas por narcotráfico y urgencias, por ser las que tienen mayor cantidad de juzgados colapsados.

La duda que persiste hasta ahora, de todas maneras, es si la Casa Rosada decide estrenarlo primero en los jueces federales de Comodoro Py, donde se investigan los casos más sensibles para el Gobierno.

Lo más simple, explicaban en el Gobierno, sería comenzar por la justicia federal en las provincias que ya tienen el sistema acusatorio, en rigor, la mitad. Además, para mostrar celeridad y lucha contra la inseguridad, uno de los mayores reclamos de la sociedad, podría iniciarse en aquellos distritos con mayores problemas, como Buenos Aires o Santa Fe. "Se va a poner en marcha de manera progresiva porque hay que adecuar desde el accionar de los fiscales hasta la infraestructura de los juzgados", insistieron en Balcarce 50.

El cambio no será inmediato. "Para implementarlo se necesita una ley aparte que sume recursos, infraestructura o incluso reformas al Ministerio Público Fiscal", anticipó a LA NACION un funcionario oficial. Será un debate posterior.

En principio, el Gobierno tomó como base el anteproyecto de Código Procesal Modelo para Iberoamérica elaborado por el jurista Julio Maier, el anteproyecto de Alberto Binder y la iniciativa que presentó en 2010 el entonces diputado Oscar Albrieu.

Aunque todavía no se conoce el detalle final del proyecto, los fiscales tendrían un plazo de un año para definir los pasos que darán en una causa, prorrogable por 180 días. Álvarez aclaró ayer que vencido ese tiempo, no implica que se extinga la acción penal. Sostuvo, además, que se prevén sanciones ante la demora de un fiscal para desterrar la sospecha de que exista algún tipo de beneficio para los funcionarios.

Al revés de la opinión de algún sector de la oposición, consideró que serán más rápidos los trámites. "El cambio va a acelerar todas las causas, incluso las causas por corrupción", descargó el secretario de Justicia en declaraciones radiales.

Parte de la oposición no piensa lo mismo. "Este código que quieren reformar no es para la gente, es para los funcionarios públicos. Es la manera en la que vienen a la búsqueda de la impunidad", se quejó ayer la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño.

Más cauta fue la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, que promueve una reforma del código de procedimiento desde que asumió el cargo. Aunque dijo desconocer el texto final del Gobierno, consideró que "los antecedentes y los principios del sistema acusatorio son buenos, porque da transparencia". En línea con lo que en principio diseña la Casa Rosada, la diputada propuso que se aplique por provincias.

Además de la diputada Camaño, desde el Frente Renovador sumó su rechazo el jefe del bloque, Darío Giustozzi. "No tiene un impacto para la gente porque afecta a la justicia federal", opinó el legislador massista, y consideró "dudoso" el proyecto porque "incrementa el nivel de dependencia en la Procuración"..