Según indicó Marcelo Espinoza, integrante de la familia propietaria de las tierras, a época “se acordó tramitar ante al Fiscalía de Estado un arreglo económico por esas tierras, pero no por todo”.

Los tiempos apremian pues el próximo 13 de agosto, vence el contrato de alquiler del terreno en que actualmente se encuentra la sede de la Municipalidad de Carolina. Antes de esa fecha debería haber un arreglo pues a partir de ese momento el edificio administrativo podría ser desalojado, sin embargo en medio de una negociación esto no se daría.

“Nosotros podemos llegar a vender un cuarto de manzana en donde está la casa, pero el resto de las 10 hectáreas no” dijo Marcelo, asegurando además que “tienen un valor sentimental más allá de lo económico, que también lo tienen”.

En Diputados se había presentado una segunda ley de expropiación, luego que la primera feneció en sus plazos sin que la provincia realizara la expropiación de 10 hectáreas, debido a que la familia interpuso una medida judicial.

El miércoles los diputados Manuel Aguirre, Carlos Rubín, Armando Aquino Britos, Nora Nazar de Romero Feris, y Jorge Quintana de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja escucharon las distintas posturas en torno del proyecto de Ley que Declara de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación un inmueble ubicado en el Municipio de Carolina, primera sección del departamento Goya, con transferencia del dominio para la instalación del gobierno y la administración comunal.

El intendente Marcelo Nocetti explicó a los legisladores que oportunamente la familia Espinoza firmó los documentos respectivos para la venta de 10 hectáreas (en total son 20), previo convenio de alquiler, que se seguiría abonando hasta la fecha.

Sin embargo la contestación de la Adriana Espinoza, si bien admitió la existencia de dichos escritos, remarcó que “fue su padre -ya fallecido- quien los firmó en estado crítico de salud”, desestimando que se haya cumplido con lo estipulado en el “acuerdo”.

La Comisión esperará las negociaciones en la Fiscalía de Estado para tomar cualquier decisión. No se descarta que si familiares, comuna y gobierno provincial arreglan, el expediente de expropiación pase a archivo o sea modificado.