El escándalo por las maniobras de corrupción en torno a la obra pública que explotó a nivel nacional encuentra al Gobierno provincial en medio de un proceso de reformulación de su relación con las empresas contratistas mendocinas.

Quizás apurado por la polémica, hay una promesa oficial en este sentido: se pondrá en valor al Registro de Antecedentes y Aptitud de Constructores de Obra Pública (RACOP).

Este organismo fue creado por ley hace 13 años y reglamentado en 2007, pero en los hechos nunca cumplió su objetivo central: controlar y calificar a las empresas que hacen obra pública en Mendoza y ser una herramienta de transparencia para estos procesos millonarios.

Hay 305 empresas inscriptas actualmente en el RACOP mendocino, pero su participación en los procesos es simbólica: la presentación de papeles en esa oficina es poco más que un mero trámite para entrar en las licitaciones.

Se pueden repartir responsabilidades políticas por esta situación. La tardía reglamentación de la ley 7173, de 2003, que creó el RACOP, fue un déficit de la gobernación de Julio Cobos. Pero durante las administraciones de Celso Jaque y Francisco Pérez, las cosas se hicieron peor: se prorrogó a partir de 2008 la aplicación del artículo 5 de aquella ley, que es precisamente el que jerarquiza al organismo.

Ese artículo señala que "todos los organismos del Estado Provincial, centralizados o descentralizados, que ejecuten obras públicas bajo los términos de la ley 4416, están obligados a remitir al Registro de Antecedentes y Aptitud de Constructores de Obras Públicas (RACOP), dentro de los 30 días de producida, toda alteración en la relación contractual".

Pérez, precisamente cuando era ministro de Infraestructura, casi se va a las manos en 2009 cuando un diputado concertador, Roberto Blanco, le dijo en la Legislatura que el RACOP no funcionaba.

Hoy, los funcionarios de Alfredo Cornejo ratifican la opinión de Blanco. Entre ellos, el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, quien negocia con las cámaras de la construcción un reglamento que permita la aplicación plena de la ley.