La semana pasada se hizo público un acuerdo plenario que el Tribunal de Cuentas Provincial emitió en enero de 2014 en el que se dio tratamiento al expediente caratulado S/ Investigación relacionada con el fondo de afectación específica según art. 7º Ley Nº 26075 Fondo Ley Nacional de Financiamiento Educativo.
La investigación se desdobló en dos aspectos: recursos del fondo de financiamiento educativo y aplicaciones de tales recursos.
La auditora fiscal emitió el informe contable letra TCP investigación especial Nº 397/2013 detallando los resultados obtenidos del análisis efectuado.
En relación a los fondos transferidos desde Nación, la auditora indicó que no se ha transferido a las cuentas corrientes bancarias aperturadas específicamente para el Fondo de Financiamiento Educativo la suma de $995.505,57 (novecientos noventa y cinco mil quinientos cinco pesos con cincuenta y siete centavos). El informe detalla los montos de los recursos transferidos por Nación, los fondos que fueron transferidos a las cuentas corrientes bancarias específicas del Fondo Ley de Financiemiento Educativo y los montos rendidos según las registraciones en el sistema SIGA de Gobierno. De un total de $98.117.313,05 (noventa y ocho millones ciento diecisiete mil trescientos trece pesos con cinco centavos) transferidos por Nación, fueron acreditados en las cuentas corrientes específicas del BTF $97.121.807,48 (noventa y siete millones ciento veintiun mil ochociento siete pesos con cuarenta y ocho centavos).
Por otra parte, la auditora fiscal detectó que se han debitado fondos por montos significativos de las cuentas corrientes bancarias aperturadas específicamente para el Fondo de financiamiento Educativo, los cuales superan los cuarenta y ocho millones de pesos y que no componen los expedientes de rendición de gastos informados en el sistema SIGA de Gobierno. “No todos los recursos acreditados en las cuentas corrientes bancarias específicas han sido aplicados a la afectación específica establecida en la normativa marco del fondo en cuestión, toda vez que se han visualizado transferencias desde estas cuentas corrientes bancarias por montos significativos, que no han sido incluidos en expedientes de rendición de gastos según la documentación remitida a esta área de control en el marco de la presente investigación y según la información registrada en el sistema SIGA de Gobierno”, reza el informe del TCP.
A partir de las irregularidades detectadas, el TCP requirió a la Tesorera General CPN Daniela Alejandra Castro, al Contador General CPN Daniel Alberto maldones, a la Ministro de Eucación Sandra Molina y al Secretario de Control y Gestión Educativa Marcelo Lima, que informen en base a los registros obrantes en las áreas a su cargo y con copia certificada de la documentación respaldatoria pertinente, cuál ha sido el destino dado al remanente de $995.505,557, que no ha sido depositado en las cuentas corrientes aperturadas específicamente en relación al Fondo de Financiamiento Educativo Ley Nacional Nº 26075. También se les solicita que con documentación respaldatoria informen a qué concepto corresponden los débitos efectuados como así también la transferencia de 15 millones de pesos efectuadas en marzo de 2011 a una de las cuentas corrientes del BTF.
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