El gobierno de Juan Manzur canceló la deuda por el pago de la certificación de obras que mantenía con las cámaras tucumana y argentina de la Construcción, por un monto superior a los 270 millones de pesos. El saldo abonado corresponde al período comprendido entre los meses septiembre de 2015 y febrero del corriente año. Así lo confirmó esta mañana, el titular de la cartera económica, Eduardo Garvich, luego de firmar un acta acuerdo con ambas entidades.

Según expresa el convenio, el gobierno provincial -a través del decreto N| 930/3-16-, efectuó un pago de 190 millones de pesos en concepto de cancelación de los certificados de septiembre y octubre del año pasado. En tanto que, mediante el decreto 471/369-16 se efectuó el pago de 80 millones de pesos, por el período que va desde noviembre de 2015 a febrero de 2016. Por su parte, el gobierno nacional aportó 131,5 millones de pesos para dicho fin.

En el acuerdo, que se rubricó en el despacho del titular de Economía, las cámaras que nuclean a las empresas constructoras reconocieron y valoraron el esfuerzo que está realizando la provincia. Las partes admitieron la difícil situación que atraviesa la industria de la construcción, y los motivos y causas que llevaron a las diferencias que originaron la ruptura de la ecuación económica financiera de las obras.

“El gobierno tucumano cumplió con sus compromisos de pago de los valores básicos de certificados de obras y estamos dentro de los plazos normales de exigibilidad”, aseguró Garvich.

A su vez, el ministro celebró que se haya arribado a un acuerdo: “Hay una predisposición de trabajo conjunto y para ello nos fijamos un plan de tareas, por eso se creó una comisión, representada por técnicos de Economía y de las Cámaras”.

En otro punto del convenio, se refleja la deuda que la Nación mantiene con ambas Cámaras por 100 millones de pesos en concepto de reajuste de precios y otros 100 millones por certificación de obras.

acta acuerdo ecoPor último, Garvich comentó que se llegó a un entendimiento con el Banco Macro-Tucumán para reducir un 20% la tasa de interés que la entidad financiera le cobra a las empresas por el descuento del adelanto financiero del certificado de obra.