El Gobierno de la provincia se encuentra analizando notificar a más de mil empleados del Estado provincial que ya cumplen con la edad para acogerse a los beneficios jubilatorios, como una manera de descomprimir la administración y al mismo tiempo poder incorporar nuevos empleados. Algunos de ellos ya cumplieron con los requisitos de ley, mientras que aquellos a los que les falten años de aportes se los invitaría a acogerse a la moratoria para completar con los 30 años de servicios.

La Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilados y Pensiones, establece como edad para acogerse al beneficio 65 años en los hombres y 60 en las mujeres, aunque éstas últimas pueden continuar también hasta los 65 años. A partir de este tope, pueden permanecer en actividad dos años más (67 años) y de allí tienen la obligación de acogerse a la jubilación.

Con estas disposiciones legales, el Gobierno de la provincia comenzaría a notificar aquellos que están comprendidos entre estos parámetros a que se acojan a la jubilación; para lo cual también tomará como antecedente el decreto Nº 255/09, del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, en el que se solicita al personal que reúna los requisitos exigidos por las Leyes Nacionales N° 24241 y N° 24061, que, para obtener alguno de los beneficios previsionales que las mismas determinan, deberán, dentro de los noventa (90) días hábiles de entrada en vigencia del presente Decreto, iniciar los trámites requeridos para el otorgamiento de la jubilación. Dicho instrumento también detalla que a los empleados que no inicien el trámite dentro de un año de notificado, se decreta su baja.

Mientras que en aquellos que cumplen la edad, pero no cuentan con los años de aporte (tanto en el sector estatal como privado), el gobierno pretende que los mismos se acojan a la moratoria que les permita adquirir años como autónomos. Es decir, comprar años de servicio, teniendo como parámetro desde el año que cumplió los 18 hasta septiembre del año 1993 y que no cuenten con ningún tipo de aporte en ese lapso. Aquellos que se acojan a la moratoria lo hacen bajo valores históricos y con interés mínimo. En este caso, CAPRESCA paga la primera cuota y el resto se paga en 60 cuotas que se descuentan del haber jubilatorio durante cinco años.

Esta medida se tomaría a partir de los pedidos realizados por responsables de numerosos organismos que tienen bajo su responsabilidad personas mayores, muchas de las cuales ya prácticamente no pueden realizar tareas por problemas de salud.

En condiciones de jubilarse

De acuerdo al estudio realizado sólo en los empleados de la Administración Central, sin contar organismos con liquidación propia, como la Policía y municipalidades, los números son los siguientes:

* Hombres:

Con 65 años y 30 años de aportes: 138 empleados.

Con 65 años y entre 25 y 30 años de aportes: 136 empleados.

Con 65 años y entre 20 y 24 años de aportes: 102 empleados.

Con 65 años y entre 15 y 19 años de aportes: 90 empleados.

Con 65 años y entre 10 y 14 años de aportes: 40 empleados.

Con 65 años y 10 años de aportes: 27 empleados.

* Mujeres

Con 60 años y 30 años de aportes: 230 empleados.

El 82% subsana la baja remuneración entre el sueldo pasivo y el activo

Muchos empleados públicos retrasan el inicio de la jubilación porque la relación del sueldo activo, producto de los adicionales que cobran, es muy bajo en relación al haber que paga el ANSES. Con la implementación del decreto Nº 127/11, en parte se solucionó, ya que el empleado que se jubila y está adherido a la Caja Complementaria tiene la posibilidad de cobrar la asignación complementaria.

De esta manera, los nuevos jubilados cobran el 70% del ANSES, tomado del haber remunerativo como activo, y el Gobierno de la Provincia le paga el 82% del sueldo total del empleado activo, que va variando de acuerdo a los aumentos que se otorguen.

Precisamente, éste es un gran problema que tienen los empleados municipales, ya que de las 36 comunas, solamente 13 se han adherido a la caja complementaria. El sueldo de los municipales es infinitamente menor al que paga la Provincia, por lo que el beneficio jubilatorio se resiente considerablemente.

La mayoría de los intendentes se mantienen reacios a adherirse, ya que como empleador deben aportar el 3% a la Caja, la que se descuenta antes que se deposite la coparticipación municipal, que se disminuiría considerablemente y los complicaría al momento de pagar los haberes mensuales.