El Gobierno provincial busca que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán intervenga en la acción de amparo que inició el legislador Eudoro Aráoz (UCR) para acceder a información relativa a los $500 millones gastados por la Legislatura durante 2015.

Leonardo Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, interpuso un recurso de casación contra la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había ratificado la admisión como codemandantes de los ciudadanos Clímaco de la Peña,Carlos Duguech y Raúl Moreno.

En un escrito presentado el 22 de junio, Debono insistió en que la inclusión de De la Peña, Duguech y Moreno implicaba un “abuso del proceso”, y generaba gravedad institucional. “La decisión (de los camaristas Rodolfo Novillo yCarlos Giovanniello) afecta la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional (...) al haberse admitido a quienes carecen de la mínima y necesaria legitimación para estar en este juicio, con turbación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal”, dijo.

Previamente, el abogado de la Provincia había deducido un recurso de revocatoria para impedir que De la Peña y compañía se sumaran al pleito de Aráoz. Giovanniello y Novillo rechazaron esa impugnación con el argumento de queaún no había llegado el momento de articular cuestiones previas ni incidentes.

En noviembre, un medio tucumano reveló mediante fotos y registros bancarios que un empleado de la Legislatura retiraba valijas -en cada una cabían $ 6 millones- de una sucursal céntrica del Banco Tucumán-Grupo Macro. El dinero era llevado hasta la sede legislativa. En 2015, año de elecciones, fueron ejecutados al menos $ 490 millones en supuestos subsidios. El detalle de esos gastos ha sido mantenido en reserva. 

El presupuesto del Poder Legislativo para 2015 era inicialmente de $ 959 millones, pero fue ampliado de manera secreta hasta $ 1.529 millones. La partida que más creció fue la de “ayudas sociales a personas”, que pasó de $ 150 millones a $ 505,6 millones. Como la Legislatura eleva rendiciones globales al Tribunal de Cuentas, no es posible determinar el destino de esos fondos públicos. La difusión del caso de las valijas derivó en la apertura de distintos procesos en los fueros penal y contencioso administrativo.

El recurso de casación del Gobierno debe ser analizado por los jueces de la Sala II. Si desestiman la nueva impugnación, el Gobierno aún puede presentarse directamente ante la Corte provincial mediante una queja por casación denegada.

 Si la aceptan, el expediente subirá al alto tribunal integrado por los vocales Antonio Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse para el tratamiento de la cuestión planteada por el Poder Ejecutivo (PE). Cualquiera de aquellas hipótesis implicaría añadir tiempo a un proceso que casi está en pañales, si se considera quela Sala II todavía no corrió traslado de la demanda al PE ni a la Legislatura.

Entre marzo, cuando Aráoz inició el litigio, y el presente, la Justicia sólo sustanció el informe previsto en el artículo 21 del Código Procesal Constitucional. Este debía contener de manera circunstanciada los antecedentes, motivos y fundamentos de los actos cuestionados (la distribución de dinero en carácter de gastos sociales), los preceptos legales y la prueba existente.

En mayo, tanto el PE como la Legislatura omitieron referirse en forma estricta al destino dado a las ayudas erogadas el año pasado, mientras el actual gobernador Juan Manzur presidía el Poder Legislativo. En sus respectivos informes, Debono y Juan Francisco Gómez, abogado a cargo de la Subdirección de Asesoría Letrada de la Legislatura, manifestaron que el amparo del opositor Aráoz era improcedente puesto que este se había dirigido por nota al vicegobernador Osvaldo Jaldo en vez de solicitar la información a las comisiones como lo disponen la Constitución de Tucumán y el reglamento interno. En los dos recursos que presentó a continuación, Debono adujo que la presencia de De la Peña, Duguech y Moreno procuraba subsanar esa situación.

El parlamentario Aráoz manifestó que la Legislatura y el PE estaban tratando de ganar tiempo para impedir la compulsa de los comprobantes relativos a los gastos sociales. El opositor alegó que el oficialismo, que controla todas las comisiones legislativas, quería abrogar el acceso a la información pública que asiste al ciudadano común y, por añadidura, a sus representantes.