Por Alberto Armendariz

RÍO DE JANEIRO.- En una tentativa de último momento para evitar un fallo que podría dar a la oposición bases legales para iniciar un proceso deimpeachment a Dilma Rousseff, el gobierno brasileño pidió ayer al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que aparte de la causa al juez que tiene a su cargo el análisis de las sospechosas maniobras fiscales hechas por la presidenta para maquillar el déficit en su primer mandato.

La desesperada jugada había sido anunciada ya el domingo por el abogado general de la Unión, Luis Inacio Adams, y los ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo, y de Planificación, Nelson Barbosa, quienes acusaron al magistrado que lleva el caso, Augusto Nardes, de adelantar su posición antes de la votación clave del TCU, que ocurrirá mañana.

Nardes había señalado a la prensa que el equipo técnico del tribunal ya había rechazado las explicaciones del gobierno sobre las llamadas "pedaleadas fiscales".

"Los magistrados tienen prohibido manifestar por cualquier medio de comunicación su opinión sobre un proceso pendiente de fallo", destacó Adams antes de presentar el pedido de remoción del juez, que acarrearía una postergación del dictamen final.

El delicado asunto está en análisis del TCU desde principios de este año. Según el equipo técnico del tribunal, durante su primer mandato, Dilma retrasó varias veces la transferencia de fondos de los tres bancos públicos -el Banco do Brasil, la Caixa Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social-, con los que éstos debían pagar las cuotas de programas sociales, como el Bolsa Familia. Sin esos giros, las entidades tuvieron que hacer los desembolsos con su propio dinero, situación que está prohibida por la ley de responsabilidad fiscal, que prevé la autorización del Congreso para esas maniobras.

Los técnicos del TCU calculan que las "pedaleadas fiscales", que involucraron unos 11.500 millones de dólares desde 2011, apuntaban a esconder el estado de las cuentas públicas, que el año pasado -cuando estas maniobras superaron los 2200 millones de dólares- tuvieron un déficit primario de 10.100 millones de dólares, el primero en la historia de Brasil.

Explicaciones

Luego de un primer informe técnico emitido en junio, el TCU requirió al gobierno más explicaciones. La administración -que no es la primera en hacer uso de estos esquemas- presentó su defensa, pero ante la insatisfacción de las aclaraciones pidió al tribunal un plazo mayor, que venció el mes pasado.

La oposición, liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), centró en este tema todas sus esperanzas para iniciar un juicio político a Dilma en el Congreso. Con un fallo del TCU en contra de la presidenta tendría las bases legales suficientes para presentar un pedido de impeachment.

"El gobierno actúa como un equipo que, viendo que está perdiendo un partido por goleada, pide cambiar el juez. Llega a ser patético este intento extremo de buscar descalificar al TCU y los pareceres técnicos elaborados con rigor e imparcialidad", destacó el senador Aécio Neves, presidente del PSDB.

Por su parte, Nardes resaltó que no anticipó su postura en la votación. Dijo que sólo había señalado los argumentos técnicos que ya habían sido expuestos antes, y que serían los nueve jueces del tribunal en conjunto quienes decidirían el fallo. "El asunto ya está siendo discutido desde hace mucho. Ya hubo un voto preliminar que decía que las cuentas no estaban en condiciones de ser aprobadas. No liberé mi voto a la prensa. El gobierno está intentando intimidarme a mí y al TCU, pero no nos vamos a acobardar", afirmó el magistrado.

Ahora cabe a toda la corte considerar el pedido de remoción de Nardes y analizar si corresponde atrasar o no la votación. Por lo pronto, el presidente del TCU, Aroldo Cedraz, señaló que es "improbable" la postergación de la votación, que debería producirse mañana por la tarde.