El gobierno nacional impulsa un debate para reformar el receso de la Justicia, que actualmente ocupa todo el mes de enero y 15 días de julio.

A nivel local, la propuesta generó adhesión entre quienes quieren que la Justicia atienda todo el año, aunque otros plantean que será dificultoso implementarla, y esperan conocer más detalles del proyecto.

La propuesta actual se sostiene en la plataforma “Justicia 2020”, un espacio de diálogo que dirige el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El ministro del área, Germán Garavano, tiene la intención de agilizar el sistema y la supresión de la feria es una propuesta con miras a 2018.

La iniciativa no tardó en generar reacciones en todo el país y en Mendoza generó avales y dudas. Sin haber bandos excluyentes, algunos señalan que el sistema no puede seguir con una parálisis en enero, mientras que otros piensan que el cambio sería un caos para beneficiar a unos pocos.

Una de las autoridades provinciales que sintoniza con la propuesta es el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, para quien se trata de “un servicio público esencial”.

Tras recordar que los días de licencia aparecían en la ley, sugirió que podría reglamentarse para dividirlas en dos o tres partes y así evitar el cierre.

Gullé, jefe de los fiscales y cercano al oficialismo, puso como ejemplo al propio Ministerio Público Fiscal que “funciona los 365 días del año incluyendo feriados”.

Allí las oficinas y unidades fiscales siguen trabajando con un reordenamiento que permite turnos más largos pero con menor cantidad de gente. “Lejos de quitarle vacaciones a tantos empleados, lo que hay que hacer es reordenarlas”, subrayó.

En cambio, otro funcionario habitué de los pasillos judiciales cuestionó la propuesta de raíz: “Esto no es nuevo, es un debate que se dio en los ’90 con el menemismo. Responde a gobiernos liberales que buscan seguridad jurídica para empresas”.

En caso de que se convirtiera en una ley, los jueces supremos tendrían que juzgarla, y por ello evitan preopinar sobre la cuestión.

Siguiendo su planteo, el empleado judicial consideró que se trata de una propuesta que “suena bien”, pero que no mejoraría la justicia, ya que los jueces, aunque fuera en otra fecha, tomarían sus vacaciones y las causas no avanzarían. “Esto es como el hit del verano, suena bien pero dudo que avance”, reflexionó.

Una postura similar expresó Carlos Ordóñez desde el gremio de los Judiciales, para quien Justicia 2020 es “una serie de reformas con miras a inversores internacionales”.

“Más que eficaz y eficiente para el ciudadano, está pensada para una justicia donde determinados sectores que ganan mucho tengan seguridad jurídica”, criticó el secretario general.

Además, Ordóñez afirmó que no estaba claro aún cómo se aplicará el proyecto ni si existen o no los recursos humanos y presupuestarios para llevar adelante la iniciativa. Después de preguntarse cómo les afectará a los abogados, aseguró que hay que generar un debate formal entre los distintos actores o la reforma tendrá un impacto nulo.

Por acordada o por ley

Todo indica que hay dos opciones a nivel local para modificar la feria judicial. La primera es por una acordada de la Suprema Corte de Justicia, es decir un acuerdo de los 7 ministros de la Corte.

La segunda, es mediante una ley enviada por el Ejecutivo o propuesta por los legisladores, y que se vote en la Casa de las Leyes.

Sobre la segunda posibilidad, se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés (UCR). Tras explicar que habría que modificar algunas leyes, entendió que no sería inconstitucional, porque, explicó, de todos modos hay jueces y empleados que durante la feria trabajan.

“La justicia es un servicio, los jueces y empleados judiciales son empleados públicos”, consideró.

En ese sentido, evaluó que con este sistema, hace 100 años la Justicia funcionaba bien, pero que en la época actual “no es bueno” que el servicio esté parado 45 días al año.

Y reiteró que habría que debatirlo: “Hay que tener reuniones, lograr un consenso y, si es posible, para la próxima feria empezar a trabajar con otro mecanismo”.

En cuanto a la posición de los letrados, es muy diversa. Desde el Colegio de Abogados, comentaron que su directorio aún no tenía una postura definida sobre el tema.

Para Garavano, el Poder Judicial es el que debe discutir el recorte de días

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se refirió a la polémica para acortar los días de vacaciones que tienen los judiciales.

Dijo que la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal deben decidir sobre el tema. Actualmente, es de 45 días al año.

El ministro Garavano aclaró ayer que el debate sobre la eliminación o recorte de la feria judicial anual, que actualmente suma 45 días, es una discusión que debe dar el propio Poder Judicial, y que se estima su tratamiento en 2018.

Garavano recordó que él mismo, como fiscal general de la Ciudad, impulsó en 2008 una reforma en el sentido de acotar la feria judicial, “logrando que la actividad jurisdiccional no detenga su marcha a lo largo de todo el año”.

“Ese debate es un tema que está en la agenda de Justicia 2020”, aseguró Garavano en diálogo con la agencia de noticias Télam, al hacer alusión al espacio de diálogo institucional y ciudadano (Justicia 2020) cuyo objetivo es la elaboración, implementación y evaluación de políticas para construir una justicia de resultados socialmente relevantes y de solución de los conflictos en forma rápida y confiable, incluida en la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El ministro precisó que “la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal son los organismos que deben expedirse sobre el tema”.

“Desde el Ministerio de Justicia vamos a colaborar con el Poder Judicial para llevar adelante las reformas necesarias para asegurar el acceso a la Justicia durante todo el año”, finalizó Garavano

Por su parte, el ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra afirmó ayer que un cambio en la extensión de la feria judicial, que es de 45 días al año, un mes en enero y quince días en julio, es “una discusión necesaria” ante la demanda de los ciudadanos de tener una justicia más cercana y accesible, aunque aclaró que en última instancia es un tema que le corresponde definir a la Corte Suprema de Justicia.

“Es muy sano que, en el marco de un programa integral de reforma de la Justicia, también se debata este tema, es una discusión necesaria”, apuntó Gil Lavedra, coordinador general del Programa Justicia 2020 y ex diputado nacional.

Gil Lavedra, ex miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires, señaló que “tener los tribunales cerrados mucho tiempo dificulta el acceso a la Justicia”, y opinó que esta reforma va en línea con “la posibilidad de tribunales más cercanos y sensibles a las demandas de los ciudadanos”.

De todas maneras, el jurista recordó que la decisión final “pertenece al gobierno de cada poder del Estado y va a depender de las decisiones que se tomen en el Poder Judicial”.