USHUAIA.- El arancelamiento de los hospitales públicos quedará como una expresión de deseo de la mayoría de los legisladores porque el Ejecutivo provincial ya adelantó el veto al proyecto sancionado el miércoles pasado y en la cámara no da el número de voluntades para insistirlo.

Es de recordar que el arancelamiento lo votaron nueve legisladores, un número que posibilitó que la ley sea aprobada por mayoría. Sin embargo, para la insistencia se debe contar con diez votos, que es la mayoría agravada.

Uno de los fundamentos esgrimidos desde el Ejecutivo para dar marcha atrás a la decisión legislativa, es que aplicar otra vez ese sistema en nada ayudará a sortear el estado de desfinanciamiento que atraviesan los nosocomios en manos del Estado provincial.

El funcionamiento de los hospitales de Ushuaia y Río Grande tiene un costo promedio anual de 60 millones de pesos, sin incluir el gasto en salarios. El arancelamiento está muy lejos de cubrir esa suma.

Estableciendo que volver al arancelamiento es un «claro retroceso en el papel del Estado como garante del derecho a la salud, tal como lo concibe el plexo normativo nacional y provincial», la gobernadora Fabiana Ríos prepara el veto total de la ley consensuada entre los legisladores del Movimiento Popular Fueguino y del Partido Justicialista.

Una de las impulsoras del proyecto, Claudia Andrade, dijo que se busca aplicar el arancelamiento ante el estado delicado que atraviesan los hospitales, que fue advertido en las recorridas que hizo junto a sus pares, tanto en Río Grande como en Ushuaia.

El proyecto de ley fue sancionado por nueve legisladores. Se opusieron a la medida los oficialistas Amanda del Corro y Fabio Marinello; los representantes del Frente para la Victoria, Myriam Martínez, Héctor Tapia y Juan Carlos Arcando; y el legislador del Partido Popular, Adrián Liendo.

Algunas consideraciones

Desde el Ministerio de Salud se esgrimieron algunas consideraciones para aconsejar a Ríos a vetar la ley.

«Volver a imponer el cobro directo a los usuarios del sistema de salud público representa un claro retroceso en el papel del Estado como garante del derecho a la salud, tal como lo concibe el plexo normativo nacional y provincial», indican desde la cartera de Salud.

Puntualizan que la ley sancionada es «una amenaza directa al acceso a las prestaciones necesarias» al apuntar que «es bien conocido que la introducción de pagos directos desalienta el consumo de servicios de salud, pero no sólo de aquellos que pudieran ser superfluos, sino también de los que son necesarios, y en particular de los preventivos».

«Este efecto no sólo se observa en las personas que deben abonar los aranceles, sino que también afecta a aquellas que deban solicitar la exención de pago, incluso cuando resulten eximidas», sostienen las consideraciones del ministerio a cargo de Andrés Arias.

Por último, consideran que el cobro directo «embiste contra el sector de la población socialmente vulnerable, en el preciso momento en que la enfermedad lo vuelve más vulnerable aún, obligándolos a ser evaluados para ver si acceden o no gratuitamente al sistema público de salud».

VETO AL ARANCELAMIENTO

Críticas de Barrientos

El legislador justicialista Eduardo Barrientos impulsó junto a Claudia Andrade la ley que vuelve a arancelar los hospitales. Criticó el anunció de veto a la norma anunciada por el Ministerio de Salud. «Hace meses que venimos hablando, el ministro de Salud (Andrés Arias) nos pide herramientas y nos dice que tiene las manos atadas, ya le dimos lo que necesitaba no se puede seguir esperando que este hombre haga algo», dijo.

Luego del anuncio del Ministerio de Salud de vetar la ley, Barrientos apuntó al titular de la cartera sanitaria Andrés Arias de quien dijo «no podemos seguir esperando que haga algo».

El parlamentario defendió el proyecto sancionado en la última sesión de la Legislatura al sostener que hay un problema grave de gestión y falta de inversión, asimismo puntualizó que el desarancelamiento provocó que los hospitales no puedan gestionar recursos para gastos diarios.

«Antes de esta medida, Acción Social se hacía cargo de los que no podían pagar», recordó el legislador.

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, Barrientos lamentó en este sentido que «a veces la demagogia puede más que el sentido común, sentido común que además el Ministro pide pero que evidentemente no tiene porque no puede salir a decir que ahora tiene que esperar simulaciones para ver de qué manera arregla el problema de los hospitales, los profesionales y los enfermeros».

«Estuvieron cinco años para solucionar las cosas y ahora nos piden que sigamos esperando», sumó.

Barrientos consideró que quitar el arancelamiento «fue de los peores errores. Cuando hablamos de gratuidad y universalidad en el acceso a la salud pública, no debemos confundir con que el arancelamiento no permita el acceso a quien no tenga los recursos».