La noticia se repite cada semana, cuando el gobierno publica el Boletín Oficial y allí se conoce una nueva rescisión de contrato de una obra pública, tal como ocurrió en estos días con dos convenios firmados con la empresa Construcciones Tito y otro con Ulima Construcciones para distintos trabajos en esta ciudad y en la localidad de Luan Toro.

El decreto Nº 1130 confirmó la rescisión del contrato firmado con Construcciones Tito para la obra de ampliación de la Escuela Presidente Perón de Luan Toro. Las diversas irregularidades e inclumplimientos en el pliego de contrato determinaron al gobierno a tomar la decisión.

En tal sentido, se dispuso "la ocupación inmediata de la obra en el estado en que se encuentra por parte de la Dirección de Inspecciones dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos"

Además, quedó "suspendido el pago de los créditos que pudieren existir a favor de la empresa" perteneciente a Héctor Armando Torrez y José Luis Díaz, "así como también la devolución de los Fondos de Reparo y Garantías constituidas a resultas de la liquidación final de obra -sin derecho a intereses-, la que deberá contener los créditos (eventuales trabajos y materiales pendientes de certificación, redeterminaciones de precios, etc.) y débitos (multas, penalidades, anticipo financiero no reintegrado, eventuales mediciones negativas, etc.) que correspondan".

La contratista, según el decreto, responderá por los daños y perjuicios, en los términos y condiciones previstos en la Ley General de Obras Públicas N° 38 y sus modificatorias.

El otro contrato que se rompió con Construcciones Tito es por la obra de 111 soluciones habitacionales en Villa Germinal, en el marco del programa federal de mejoramiento de viviendas "Mejor Vivir", complemento del Promeba.

El mismo programa de mejoramiento en Villa Germinal, con 92 soluciones habitacionales, estaba a cargo de Ulima Construcciones, propiedad de Marcelo Prost, y el convenio fue rescindido, con las mismas consideraciones de los casos anteriores.

Hace unos días también se informó la rescisión del convenio que el gobierno tenía firmado con la empresa Oscar Santa Juliana para la edificación de 16 viviendas en Winifreda, otra obra pública que debió frenarse y esperar un nuevo llamado a licitación.

En Eduardo Castex, en tanto, la empresa SP Construcción realizó la reparación del edificio de la Escuela 44 con un presupuesto de más de 1 millón de pesos, pero dejó un tendal de deudas. También se denunció que obtuvo el certificado de finalización de obra sin terminar los trabajos.

Antecedentes.

Hace unas semanas a Construcciones Tito le rescindieron el contrato para la obra de ampliación de la seccional Quinta de Toay. Vale recordar que los dueños de la firma, Héctor Armando Torrez y José Luis Díaz, dejaron un "tendal" de deudas por casi 3 millones de pesos.

Además, pidieron el concurso preventivo de la empresa y de ellos mismos, al tiempo que trataron de demostrar en la justicia que son insolventes, entre otras causas, porque el Banco de La Pampa les cerró dos cuentas corrientes donde los saldos deudores eran sumas mínimas, 139,72 y 1.745,69 pesos respectivamente.

Además declararon un capital de 209.281 pesos y una deuda impaga a 47 acreedores de 2.979.419 pesos, aunque la sumatoria de los capitales particulares y los de la constructora da 5.246.000 pesos.

El juez Evelio Santamarina abrió en agosto pasado el concurso. Los acreedores tuvieron plazo hasta el 21 de noviembre para verificar sus créditos. En ese listado figuran reconocidos comercios y firmas santarroseñas, el ex diputado del PJ, Luis Alberto Galcerán, el futbolista Ricardo Corcuera, Forestal Pico, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el gremio de la construcción (Uocra), el BLP, la Municipalidad de Alpachiri y la Asociación Mutual Ferro de General Pico, entre otros.

Torrez y Díaz, que declararon como actividad de Tito Construcciones el "desarrollo de la obra pública" le echaron la culpa de su insolvencia al gobierno provincial por el atraso en los pagos y al gobierno nacional por la inflación y el alza de los costos laborales.

Díaz, de 48 años, es el ex secretario de Gobierno de Victorica, que en 2002 fue condenado junto al ex intendente justicialista, Máximo Eduardo Guzmán, por el fraude cometido con dineros públicos del Programa de Entrenamiento Ocupacional (Preno). Aunque debió ir a prisión porque le habían dado cuatro años, un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal lo benefició al bajarle la pena a tres y dejarla en suspenso.