Jorge Capitanich recibirá hoy por la tarde a los sectores del Poder Judicial que quedaron en conflicto tras la fórmula elegida por el Superior Tribunal para recomponer los sueldos en ese estamento del Estado, una ecuación que terminó dividiendo a jueces y magistrados por un lado y a empleados por el otro y desencadenó una nueva ola de paros en los juzgados.
La línea marcada por el STJ iba a ser ratificada por la Legislatura ya en la sesión del 16 de marzo, pero quedó postergada y tampoco tuvo una definición en la reunión parlamentaria del 23, en la que los diputados optaron por patear la pelota hacia el terreno del Ejecutivo. El conflicto se produce básicamente porque el Superior Tribunal asignó a los jueces un aumento de entre el 50 y el 60%, un 40% para los funcionarios y sólo un 20 para los empleados, esquema que en principio fue rechazado por sólo uno de los tres gremios del sector (la Unión de Trabajadores Judiciales) pero acabó siendo denunciado también por las otras dos entidades sindicales (el SEJCH y la Asociación Judicial). El resultado fue que tanto el paro del viernes 18 como los del martes y miércoles pasados tuvieron un acatamiento casi total por parte de los agentes de los tribunales provinciales, que reclaman que la mejora salarial sea porcentualmente la misma para todos. Así, de los últimos diez días, sólo en uno hubo juzgados funcionando normalmente, contabilizando huelgas, fines de semana y feriados. Panorama complejo Ahora el panorama es complejo. Los gremios, presionados por el malestar de sus afiliados, quieren que se respete la “ley de enganche” que rige en el Poder Judicial y que la recomposición sea pareja para todos los sectores. El Superior Tribunal y la Asociación de Magistrados, en tanto, reclaman que se apruebe el aumento “diferenciado” ideado entre el STJ y el gobierno, donde el principal operador de ese esquema fue el vicegobernador Juan Bacileff Ivanoff. El Ejecutivo, aparentemente, no quiere salirse de lo acordado con los jueces pero tampoco quiere hacerse cargo de los costos políticos de desairar a los empleados judiciales, sobre todo porque en el gobierno creen que el conflicto se agravó por impericia de los ministros del STJ. “Ni siquiera fueron capaces de asistir el miércoles a la Legislatura para hablar de este tema con los diputados y los funcionarios que estábamos allí”, reprochó ayer, en diálogo con NORTE, el ministro de Gobierno y Justicia Juan Manuel Pedrini. El funcionario no disimuló el malestar con los jueces del Superior Tribunal. “Siguen sin hacerse cargo de que ellos son la patronal en el Poder Judicial y quienes tienen que buscar resolver los conflictos gremiales en su ámbito. Pretenden que se haga cargo el Ejecutivo, y así llegamos a una especie de absurdo, que es que el gobierno aceptar concretar una mayor asignación de fondos a la justicia y ahora el conflicto en ese poder es más grave que antes”, planteó. “Y eso que en su integración tienen a avezados políticos como (Ramón) Avalos y (Rolando) Toledo”, dijo, con cierta ironía. Receta Bolatti no prende En la Legislatura el diputado del Frente Grande Fabricio Bolatti presentó un proyecto que buscó ser una salida salomónica a la puja pero no tuvo mayor apoyo del peronismo ni del radicalismo. Consistía en dar a todos los niveles judiciales el aumento del 20% fijado como “pauta salarial” por el gobierno, más una bonificación por mayor dedicación también para todas las jerarquías de la justicia provincial. La receta no entusiasmó a los jueces, porque implicaría que en lugar de una mejora del 50 o el 60% deberían “bajar” a un incremento del 40. Tampoco simpatiza con esa idea el gobierno, que cree que si otorga la bonificación a los judiciales recibirá también la presión de otros empleados públicos. Y, finalmente, la Alianza también tomó distancia, ya que de su riñón salieron los jueces de mayor poder dentro del Superior Tribunal, Ramón Avalos y Rolando Toledo. Ambos fueron funcionarios de los gobiernos de Angel Rozas. La reunión de esta tarde comenzará a las 17.30 en el Salón Obligado. Allí el gobierno reclamaría un acuerdo interno del Poder Judicial para que sus sectores se pongan de acuerdo y terminen los paros. El Superior Tribunal, en cambio, espera que el gobernador tome partido por el aumento diferenciado y desaliente a los gremios que luchan por desactivarlo. Los sindicatos, en tanto, prevén movilizar a sus afiliados hacia la sede del Ejecutivo para presionar por un reparto igualitario.






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