Alfredo Cornejo emplazó la aplicación del “Item banca”. Ayer, dijo: “Esperamos una respuesta del funcionamiento propio de la Legislatura en el corto plazo. La semana que viene supongo”.

Extraoficialmente hay quienes murmuran que el Gobernador podría avanzar en un proyecto de ley dentro de unos quince días. Quizá sea una amenaza y todo quede en presión pública para que sea la propia Legislatura la que se aplique sanciones pecuniarias a los legisladores que se ausenten de las sesiones.

Los legisladores no figuran entre los más reconocidos por la población; son quizá el poder más débil de los tres que conforman el Estado.

No es que los magistrados sean mejor considerados por la población, pero históricamente no han estado tan expuestos a la mirada popular, al menos no hasta ahora.

Por eso la pelea iniciada por Cornejo tiene efecto en la opinión pública y disimula los rencores. La picardía del bloque de senadores del PJ, en otro momento hubiera puesto en evidencia las heridas que dejó el reparto de candidaturas en el radicalismo.

Hoy, por habilidades discursivas del oficialismo o por un cambio de clima, lo que antes era una picardía, quedó reducido a un faltazo generalizado que debe ser castigado.

Ayer Cornejo volvió a aplicar presión. Puso un plazo para que sea la propia Legislatura la que se autoregule. ¿Intervendrá después de ello?

Ayer decía que no quería seguir hablando públicamente de este tema y luego aseguraba que “aspiro a que los propios legisladores se autoregulen, para que quien falta tenga un costo económico, si una sanción le duele a un empleado público, también le duele a un legislador”.

Mientras los legisladores intentaban explicar que ellos no pueden pegar el faltazo tan sencillamente como se lo hace parecer, que deben pedir autorización para ausentarse y que sin justificativo médico sólo pueden pedir licencia sin goce de haberes; Cornejo decía que esperaba respuestas de la Legislatura, “en el corto plazo. La semana que viene supongo”.

Hay diferencias entre ambas cámaras y las explicaciones demuestran esas explicaciones. El diputado Jorge Tanús, precandidato a diputado nacional del peronismo, aprovechaba a recordar que cuando él era presidente de la Cámara Baja, estableció descuentos salariales para los legisladores que se ausentaran y que están en el reglamento de la cámara: 500 pesos para los que faltaran a las comisiones y 1000 pesos para quienes lo hicieran a la sesión.

En el Senado, apenas si está la opción de la licencia sin goce de haberes. Y obviamente están las ausencias justificadas por enfermedad.

Desde otro lado del Gran Mendoza, en las nuevas instalaciones del Instituto Universitario de Seguridad Pública (ver aparte), Cornejo decía “sí, hay sanciones, pero no se aplican”, para sostener la presión.

El oficialista presidente provisional del Senado Juan Carlos Jaliff, decía que había conversado el tema con el gobernador y prometía que estudiaría la forma de establecer sanciones en los reglamentos de ambas cámaras.

El conflicto nació el martes pasado, cuando el Senado tenía en agenda dos temas de importancia para el Poder Ejecutivo: la modificación del Código Procesal Civil y el plan de ordenamiento territorial.

El radicalismo tiene quórum propio en ambas cámaras, pero ese día faltaron cuatro senadores oficialistas; con esas ausencias el inicio de la sesión requería la presencia de al menos algunos senadores del PJ; pero la fuerza opositora vio la debilidad y nadie del bloque ingresó al recinto. Así la sesión se cayó.