El gobernador echó a Naval, ex contador del TdeC

El gobernador Oscar Mario Jorge dio de baja ayer de la Administración Pública a Rubén Angel Naval, quien fue condenado por el delito de cohecho (cobro de coimas) por parte de las ex autoridades del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV).
"El tema es que él ya no pertenece a la administración pública, y supongo que la baja tiene que ver con la oficialización de su renuncia para acogerse a la jubilación", sostuvo ayer el abogado Marcos Paz sobre su cliente Naval. "No sé el por qué de esos decretos, creo que tiene que ver con una cuestión administrativa, una oficialización de su retiro, pero él ya está jubilado. ¿Si afecta sus derechos jubilatorios? No, de ninguna manera, e incluso eso ya lo determinó en su momento el Superior Tribunal de Justicia", amplió.

Naval realizaba el control previo sobre los expedientes y era el contador fiscal del Tribunal de Cuentas.

Decretos.

Por otro lado, ahora, Naval fue dado de baja de la Administración Pública por un decreto firmado por el mandatario provincial.

Así, por el decreto 2005 - firmado el 13 de septiembre- el agente, que pertenecía a la Categoría 1- rama Administrativa, fue dado de baja. Además, por el decreto 2134 fue dado de baja como docente, por el retiro voluntario especial que el mismo había solicitado previamente. Tenía cargos de profesor de Tecnología y Gestión en el Colegio República Argentina y en el Colegio del Barrio Aeropuerto de Santa Rosa.

Naval, en su momento, fue condenado a un año de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 48 mil pesos por recibir "coimas menores". Era el encargado de controlar los números del IPAV. La condena fue confirmada este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Naval, según se pudo comprobar, cobró 400 pesos mensuales, entre enero de 1994 y diciembre de 2003, por orden de las autoridades del IPAV para realizar sus tareas de control en horas de la tarde, y en el mismo edificio de la repartición provincial.

Esta causa está relacionada con la que llevó al ex vicepresidente del IPAV, Hugo Nelson Agüero, y al ex gerente general de la entidad, Luis Edgardo Araniz, a cumplir actualmente con una condena en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa. Ambos deberán completar con una condena, dictada por la Cámara 1, a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

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