Petrobras puede ser un punto de inflexión entre el gobierno de Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores, al cual pertenece la presidenta brasileña. Fue el Palacio del Planalto el que favoreció, el miércoles, una votación del Senado Federal a favor de un proyecto de reforma de la ley que rige para la explotación petrolera en yacimientos marinos. Presentado por José Serra, esa iniciativa modifica las condiciones de explotación de la llamada capa pre-sal de petróleo, que se localiza en la plataforma marítima brasileña a más de 4.000 metros de profundidad. El nuevo ordenamiento legal, de ser aprobado ahora por Diputados, elimina la exclusividad otorgada a la petrolera estatal como operadora de todos los yacimientos de esa camada. 

El nuevo texto, que cambia no sólo la forma sino el contenido de la actual legislación, terminó de ser negociado a mediados de semana entre el gobierno y la oposición. 

Para suavizar las concesiones dadas a las petroleras internacionales, que una vez sancionada la nueva regla podrán operar por su propia cuenta los pozos del pre-sal, los ministros de Dilma pactaron con los opositores una fórmula más digerible en las apariencias: el Consejo Nacional de Política Energética deberá ofrecer previamente a Petrobras la posibilidad de ser la explotadora de las áreas a ser licitadas. 

Y en 30 días la petrolera estatal deberá expedirse por la aceptación o la negativa a tomar posesión de los yacimientos. Si Petrobras desiste de operarlos, entonces entrarán las grandes del sector sin necesidad de compartir nada con la empresa pública.

Para los senadores del PT, fue una traición. Junto con aliados e independientes trataron de impedir esta nueva variamente. Para ellos, el cambio no tiene justificación, especialmente en un momento en que el precio del barril está muy bajo. Sostuvieron que la reforma de la legislación, a ser votada ahora por Diputados, representa una “entrega de la riqueza brasileña”. 

El senador Lindbergh Farías, un petista de Río de Janeiro, sostuvo con evidente amargura: “Estamos entregando el pre-sal al precio de la banana para las multinacionales del petróleo”. 

Lo cierto es que, contra las maniobras de los ministros de Dilma, el bloque votó masivamente en contra de la iniciativa del senador opositor José Serra (del Partido Socialdemócrata de Brasil). De los 13 senadores de la agrupación izquierdista, hubo 10 que participaron en la votación. De ellos, sólo uno se abstuvo. Claro que de esto no puede deducirse que los enojos vayan a afectar otros proyectos en curso que el gobierno de Rousseff pretende votar con urgencia. 

Uno de los casos emblemáticos es el reforma previsional. Con todo, los legisladores del PT avisaron que “ésa no es una prioridad”. El caso del petróleo y de las jubilaciones son los huesos más duros de roer por los miembros de esa agrupación. 

Quienes celebraron por anticipado fueron las petroleras mundiales. La Agencia Internacional de Energía, independiente de las empresas pero no tanto como se puede imaginar, consideró útil publicar un informe justo en vísperas de la votación de esta reforma legislativa. 

Afirmó que Brasil será en el futuro el gran proveedor de petróleo por fuera de la OPEP (la organización de países exportadores de crudo). En su previsión, sostiene que a pesar de la crisis de Petrobras, el país podrá aumentar la producción en 800 mil barriles diarios hacia el 2021. Ese año, deberá alcanzar una cifra de extracción que lo igualará a los grandes: podrá sacar hasta 3,4 millones de barriles por día. La AIE, que en verdad representa a los países más desarrollados del mundo (29 en total), no ahorró críticas a Petrobras. Dijo, en su informe, que la petrolera brasileña “no solo se enfrenta los precios más bajos del petróleo, sino también al escándalo de corrupción, atrasos en licitaciones y en la producción, deuda enorme y problemas económicos y políticos más amplios”.