El Gobernador de San Juan se refirió al nuevo canje de deuda, impulsado por la Presidenta. “Es la medida que se esperaba”, dijo el mandatario. Avala la decisión de Cristina y espera avances.
Tras el anuncio de la presidenta Cristina Fernández sobre el proyecto de ley que propone un cambio de jurisdicción legal para bonistas, así como la reapertura del canje para los holdouts, el gobernador José Luis Gioja avaló la medida. En tal sentido, dijo que “es lo que se esperaba”.
“Tiene que ver fundamentalmente con defender la estructuración de deuda más formidable que se ha hecho hasta ahora, que fue la que se hizo en el 2005 con Néstor (Kirchner) y la que se hizo en el 2010”.
El primer punto importante del proyecto establece que se cambia el agente de pago de los bonos del canje: ya no será el Banco de Nueva York (BoNY), al que el juez Thomas Griesa le trabó la transferencia de los fondos que depositó la Argentina para pagar los bonos Discount que vencieron el 30 de junio, sino Nación Fideicomisos.
Por otra parte, abre la posibilidad para que quienes no están cobrando sus bonos de legislación extranjera a raíz del fallo de Griesa puedan canjearlos por otros de jurisdicción argentina. El proyecto establece que ese canje es “voluntario”.
Como en las reestructuraciones anteriores, la ley deja abierta la posibilidad de que se canjeen los bonos defaulteados en 2001 –los que tienen los fondos buitre y los de otros holdouts- por nuevos títulos de deuda. Y, por último, el proyecto manda al Ministerio de Economía a que, más allá de que los tenedores de bonos defaulteados en 2001 canjeen o no sus títulos públicos, deposite en la cuenta de Nación Fideicomisos los pagos que resultarían de los nuevos títulos, lo que apunta a demostrar la voluntad de pago de la Argentina.
“Esperamos que se resuelva el tema de los Fondos Buitre porque si (el juez Thomas) Griesa sigue así nos va a declarar la pena de muerte”, declaró Gioja.
Supermercado no venden productos locales
En medio de la tormenta desatada por la Reforma a la Ley de Abastecimiento (20.680), el gobernador José Luis Gioja se refirió a la competencia e indignado, dijo que en San Juan hay una cadena de supermercados que no pone en las góndolas productos sanjuaninos y vende productos de Mendoza. “No se trata de intervenir sino de poner las cosas en su lugar”, señaló el mandatario
“No tenemos que asustarnos, tiene que ver con leyes existentes para mejorar estas cosas que no tienen explicación, por ejemplo, en San Juan hay una cadena de supemercados que no tiene vinos sanjuaninos y encima ponen ajos, cebollas y tomates de Mendoza. Me fuí indignado, el tomate estaba a 14 pesos y en la puerta, a una cuadra, en una verdulería lo vendían a seis”, dijo el mandatario.
Con ello, Gioja sostuvo que “hay que poner las cosas en su lugar”. “En esto tenemos que ayudar todos para que sea posible, no solo es el Estado. Alguien se está quedando con el esfuerzo del que produce y los productores son los que tienen los huevos de oro. Es descabellado que una ley obligue a trabajar en San Juan con productos sanjuaninos porque somos parte de un país pero es de sentido común, de quien usufructúa una provincia que le ha abierto los brazos, que le da posibilidades, que crece, que vende bien, que sea tan ingrato y no le de posibilidades a los productos sanjuaninos a estar en sus góndolas”, sentenció Gioja.
De esta forma, el mandatario dió su postura sobre la reforma que incluye la creación de un sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo; de un observatorio de precios y el establecimiento de un régimen de regulación entre producción y consumo.
La Ley de Abastecimiento, que fue sancionada en junio de 1974, en el último gobierno de Perón, faculta al Estado intervenir en los mercados, estableciendo precios y márgenes de utilidad y obligando a empresas, cuando sea necesario, a abastecer el mercado en cantidades y precios. Este es el núcleo de la ley original que no se modificará con la reforma propuesta por el gobierno nacional. No obstante, entidades empresarias e industriales la tildan de “chavista” e “incosntitucional”.
“Hay que defender a los usuarios, a los trabajadores que son los perjudicados”, manifestó el Gobernador. “Las industrias vitivinícolas dicen que ellos dejan la caja de vino a seis pesos en los supermercados y en las góndolas aparecen con 12, 13 o 14 pesos, alguien se está quedando con el esfuerzo de los productores”, puntualizó.


Comentá la nota