Llega el titular de YPF a Mendoza y la visita genera expectativas. Más allá del motivo central de la visita de Miguel Galuccio, en el Ejecutivo se hace una lectura más que esperanzada.

Es que, después de tanto castigo propinado a Mendoza desde la Casa Rosada por la ley de hidrocarburos que se impulsa desde la Nación y que las provincias petroleras resisten, la visita de Galuccio y un acuerdo para reactivar la inversión en exploración por 300 millones de dólares en 10 años es una caricia que se interpreta como un mejoramiento de las relaciones.

De alguna manera la visión esperanzada la adelantaba el propio gobernador Francisco Pérez en la edición de ayer de diario Los Andes: “Hemos logrado, no sólo conmigo sino con todos los gobernadores petroleros, llegar a un acuerdo”. 

Ayer el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, decía otro tanto: “Es un buen signo. Es un gesto muy importante. Primero firmamos el acuerdo por Ingresos Brutos por 150 millones de pesos, ahora llega Galuccio. Hay un espacio de negociación mucho mejor”.

El 29 de agosto pasado se informaba del acuerdo firmado entre Pérez y Galuccio por el que la petrolera nacional pagará 150 millones de pesos para cancelar la deuda que YPF mantenía con la provincia por una diferencia en el cálculo de Ingresos Brutos.

La deuda ascendía a 310 millones de pesos y por ella el Gobierno había intimado a YPF a principios de junio pasado. La acreencia era porque la petrolera pagaba, como en otras provincias, el 2% de alícuota de Ingresos Brutos, mientras que en Mendoza fijó el porcentual en 4% para 2012, 6% para 2013 y 5% para 2014.

En aquellos días, Mendoza y las provincias petroleras (Neuquén, Río Negro y Chubut) resistían la ley que empujaba Galuccio, por la que el CEO de YPF pretendía centralizar las licitaciones de áreas petroleras, particularmente las de Vaca Muerta, quitando a los Estados provinciales la participación de empresas de energía locales que “mordieran” un poco más de la renta petrolera. 

En el tironeo entre las provincias petroleras y la Casa Rosada, la oposición denunciaba que el Gobierno nacional se llevaría puesta la propiedad provincial de los recursos hidrocarburíferos consagrada en la Constitución nacional y en la Ley Corta. Desde la Nación se insistía en que hacía falta reglas de juego iguales en todo el país para estimular la inversión.

En esa pelea es que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) lanzaba la intimación por la deuda impositiva. Este diario lo informaba el domingo 8 de junio. En esa pelea, Mendoza quedaba afuera del programa de reestructuración de su deuda con el Estado nacional y también algunos retos públicos de la presidenta.

Pero hoy son otros los vientos que soplan. Zandomeni se entusiasma explicando que el jefe de la petrolera llegaba para reactivar un área olvidada desde hace una década, La Ventana, en los confines de Rivadavia, perteneciente a la subcuenca El Carrizal.

Galuccio llega con un convenio entre YPF y la petrolera de origen chino Sinopec. Por ese convenio llegarían 300 millones de dólares en 10 años. El inicio de las actividades es la perforación de un pozo exploratorio. 

La búsqueda de oro negro en La Ventana implica sumar un equipo perforador a los 10 ya presentes en Mendoza: “Nunca hubo en Mendoza 11 equipos”, dice el entusiasmado Zandomeni y luego agrega efusivamente que hay inversiones petroleras proyectadas para este año que trepan a los 500 millones de dólares.

El Pro quiere que Emesa sume a la minería

El senador Gustavo Cairo (Pro) presentó un proyecto de ley para modificar el objeto de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa), e incorporar a los hidrocarburos, la actividad minera y aumentar así el porcentaje de las regalías para la provincia. 

Según Cairo, el objetivo de la norma es dar a Mendoza la posibilidad de que a través de Emesa se asocie a los emprendimientos mineros que sean medioambientalmente aptos y participar de una manera más equitativa en las ganancias de la explotación, “hoy reducida a un magro 3% de regalías”, asegura. 

También la norma nacional establece que para llegar a ese 3% las empresas podrán deducir costos de transporte, flete, seguros, costos de trituración, costos de comercialización y de administración hasta la entrega del producto logrado, entre otros costos deducibles.

Indicó el legislador que “por el contrario, los ingresos de la Nación no se han visto menguados por esta norma federal, puesto que en su articulado, garantiza la percepción del IVA, gravamen de carácter nacional, además de las eventuales retenciones y el impuesto a las ganancias.

Esta situación es a todas luces injusta para las provincias, puesto que ellas son las propietarias de sus recursos naturales”, consideró.