El proyecto del diputado Marcelo Feliú que modifica el artículo 5º de la ley 12.530 y otorga al municipio bahiense, a través del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), mayores facultades de control sobre la calidad del agua de la ría local fue aprobado por el senado provincial.

A mediados de año, la Cámara Baja había aprobado esta iniciativa y, a instancias del senador José María Zingoni, la Cámara Alta hizo lo propio en la última sesión del 2010. El 7 de enero el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, promulgo la norma que lleva el numero 14230.

Numerosas adhesiones, entre ellas la de comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante bahiense, a través de su presidente Carlos Ocaña, la del coordinador del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), Fernando Rey Saravia, el del secretario de gestión comunal, Sergio Montero, e integrantes del Comité de Control y Monitoreo, organizaciones ambientalistas, y del propio Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), entre otros, había cosechado esta propuesta.

En términos relativos no implica más que un cambio de redacción en una norma escrita, pero que, en la práctica, puede adquirir una relevancia fundamental en la historia de las políticas ambientales de la región, una vez que el Ejecutivo Provincial concrete la correspondiente reglamentación.

Según se fundamentó, la implementación de la ley 12.530 había significado un avance significativo a la hora de ampliar las competencias locales en materia de control medioambiental ya que, a instancias de su potencial jurídico, se han celebrado convenios para la delegación de facultades sobre la fiscalización y el control de emisiones gaseosas industriales.

Sin embargo, esa injerencia, hasta aquí, no alcanzaba a los efluentes líquidos industriales que pudieran vertirse en el estuario próximo a la ubicación del polo industrial ubicado en cercanías de Ingeniero White.

“Ahora, se estará en condiciones de profundizar este proceso de descentralización y, a partir de ello, disponer como obligación normativa, de un control continuo y permanente sobre los materiales que se vuelquen en la ría bahiense”, señaló el diputado Marcelo Feliú.

Recordó que los conflictos acaecidos a partir de haberse tomado conocimiento respecto la eventual contaminación de las aguas del estuario y la situación planteada en torno al balneario Maldonado, dejaron al descubierto la necesidad de poder contar, “por propia competencia” con estudios científicos públicos que den una respuesta “insospechable, indudable y transparente” al real estado de cosas, para, a partir de ellos, realizar las correcciones debidas, y, en su caso, el deslinde o la adjudicación de responsabilidades correspondiente.

Para Feliú, esta delegación responde al reclamo de varios sectores y, para nada, resulta en desmedro de la competencia originaria del gobierno provincial, ya que permite que Municipio coordine con aquel a fin de actuar en los controles debidos para una adecuada política ambiental.

Controles locales para un problema local

El legislador aseguró que su proyecto, aprobado por unanimidad en ambas cámaras de la legislatura provincial, tiene como ánimo profundizar los mecanismos de control ambiental que permitan “compatibilizar el crecimiento productivo con la calidad de vida de la población”, tal como rezan los fundamentos originales de la ley 12.530.

“Este cambio permite ampliar la competencia en materia de fiscalización que debe detentar la Municipalidad, mediante los órganos competentes establecidos en lo referente al control de los efluentes líquidos de origen industrial”, explicó.

Al respecto consideró necesario destacar que, a los efectos operativos, la intendencia cuenta con los medios –tasa ambiental y órganos creados por la ley en cuestión—necesarios para llevar a cabo una fiscalización permanente.

“Ocurría que la redacción de la ley, tal como estaba hasta ahora, hablaba de una ‘coordinación con la autoridad de aplicación’ y esa modalidad de expresión, no permitía la fiscalización del municipio per se, ya que requería de una anuencia de las autoridades provinciales para proceder con dicha ‘coordinación’ y, de esa manera, proceder a la necesaria fiscalización”, dijo.

Tras aprobarse la modificación, el artículo de marras quedó redactado de la siguiente manera: “A los efectos de la aplicación del control de los efluentes líquidos, el Municipio tendrá, a través del órgano establecido en el artículo 10° de la presente, facultades de fiscalización concurrentes con la Autoridad de Aplicación de los Decretos 3970/90, 2009/60 y sus resoluciones complementarias”.

Para argumentar las ventajas de la citada “concurrencia” por sobre la “coordinación” hasta aquí vigente, Feliú recordó que, recién a partir de 2009 se logró encaminar una acción conjunta de control entre la Autoridad del Agua y el Comité Técnico Ejecutivo sobre el control de efluentes líquidos.

“Al haber logrado esta modificación, se cuenta con una herramienta para obligar, consolidar y profundizar este tipo de acciones”, aseguró.

En ese sentido, destacó que a la hora de convencer a los legisladores de otros distritos sobre la importancia que para Bahía Blanca reviste esta iniciativa, trabajaron en forma conjunta este proyecto con su par Jaime Linares, y también con el senador provincial José María Zingoni, autor de una iniciativa con similar objetivo y como, se dijo, responsable de viabilizar la aprobación de la ley en la Cámara Alta.

Finalmente, el legislador reveló que ante la situación planteada en torno a la ría bahiense y las sospechas que se ciernen sobre la calidad de sus aguas, con todo lo que ello significa para las poblaciones que se ubican en sus costas, se planteó qué aportes era posible realizar desde su rol.

“Un estudio pormenorizado de la situación y de las normativas de aplicación, sumado a una serie de consultas con todos los sectores involucrados para conciliar posiciones siempre desde la personal convicción de que hay que anteponer el interés público a cualquier conveniencia corporativa, permitieron arribar a la conclusión que con la modificación en los papeles de esas pocas palabras, en realidad se estaría propiciando en la vida cotidiana y en relación a un tema preocupante, todo un cambio de paradigma en materia de descentralización y la efectividad de la gestión pública que siempre deviene de ese ejercicio”, concluyó.