El proyecto precisa los objetivos de la norma, las obligaciones de las empresas prestatarias, los derechos de los usuarios, establece el derecho a reclamar indemnizaciones de los usuarios, crea un organismo de control específico, así como una Comisión Bicameral ad hoc, todos esfuerzos destinados a garantizar a los usuarios un mejor servicio, potenciar el control y resolver las diversas problemática que enfrentan los usuarios de la telefonía celular.

La norma apunta asimismo a “asegurar el acceso al servicio y la no discriminación en su utilización en todo el territorio nacional; proteger el ambiente y la salud de la población; garantizar tarifas justas y razonables, brindando al usuario la libertad de elección y el derecho de rescisión del contrato”, explicó.

Una de las novedades del proyecto es que se autoriza a los usuarios a reclamar indemnizaciones, si las empresas incumplieran las disposiciones que están contempladas en la iniciativa. Además, establece que las sanciones pecuniarias que pudieren aplicarse a las empresas por la mala prestación del servicio, deberán descontarse de las tarifas.

Finalmente el proyecto, crea como organismo de aplicación de la ley, la Comisión Nacional de Comunicaciones Móviles (CNCMo), como organismo autárquico y descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Telefonía Móvil, en el Congreso de la Nación.