En medio de la campaña política y a menos de diez dìas de las elecciones, dio la impresión de que todo el mundo (oficialismo y oposición) descartaba la decisión final del máximo tribunal.

El gobierno provincial ahora marcha a desistir (o a dejar que se caigan por inacción) los reclamos judiciales por 70 millones de pesos contra las petroleras YPF, Chañares Herrados, El Trébol, Apache, Teckpetrol y otras empresas denunciadas en un proceso judicial con final "cantado" a favor de las petroleras.

"No vamos a empujar causas perdidas", afirman en una Casa de Gobierno al borde de un inminente desistimiento que -al parecer- no se confirmará hasta después del 27 de octubre.

Mientras tanto en la oposición el radicalismo pareció resignarse ante la "cosa juzgada" y el fallo inapelable sobre la cuestión de fondo. Recordó que en 2011 se opuso en el Congreso a la prórroga por ley hasta 2016 del decreto sobre derechos de exportación de los hidrocarburos, que terminó fundando el fallo condenatorio del reclamo mendocino.

El diputado nacional Enrique Vaquié, subrayó que ahora si se quiere revertir la situación "habrá que modificar la ley". No cuestionó que la Nación regule el mercado interno de combustibles para sostener precios más bajos a los internacionales, pero se quejó porque "lo hace con la plata de las provincias" ya que "las ventajas de competitividad se han perdido, las provincias siguen postergadas y ahora el precio de la nafta es más caro que en Estados Unidos y el del gas oil es superior al de Brasil". Y consideró que "las únicas beneficiadas son las petroleras".

Por su parte la senadora nacional Laura Montero -autora de un proyecto de ley sobre hidrocarburos junto a su par María Eugenia Estenssoro- propuso "un YPF más federal y con mayor participación de las provincias". Cuestionó "la miopía" del gobierno nacional en hidrocarburos y destacó que hasta 2007 "por regalías, llegaba a la provincia el 24 por ciento de los recursos y ahora estamos sólo en el 7 por ciento".

Fallo unánime

La Corte Suprema de la Nación falló que las regalías de Mendoza deben ser liquidadas al valor de comercialización de los hidrocarburos en el mercado local y no al de exportación. Rechazó así el reclamo del gobernador Roberto Iglesias en 2002 contra YPF (por entonces en manos de Repsol) que operativizó Julio Cobos en 2007 contra todas las petroleras, en los días previos al ingreso de Enrique Eskenazi como accionista de YPF.

El proceso judicial llevó seis años y se centró en las divergencias de interpretación sobre la ley 25.561 de emergencia pública y reforma al régimen cambiario. Allí se dispuso que "el Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios (...) las que podrán incluir la emisión de títulos garantizados del Gobierno Nacional en moneda extranjera".

Y agrega que "para constituir esa garantía se crea un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco años" (luego prorrogados hasta 2016) al tiempo que faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer el valor de corte sobre el cual se liquidan las regalías. A comienzos de este año este importe subió de $42 a $70.

El fallo de la Corte (unánime) fue simultáneo a la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el plazo hasta el 31 de octubre próximo para que las petroleras presenten el plan de inversiones que realizarán en 2014.

Y fue adoptado cuando en Mendoza el gobierno de Francisco Pérez (con un director en YPF) prepara un nuevo llamado a licitación para la concesión de doce áreas petroleras declaradas desiertas hace seis meses por "inconvenientes e insuficientes", se avanza en subdividirlas y alista a la empresa pública provincial EMESA para que participe de las nuevas explotaciones.