“Córdoba necesita un exhaustivo control político, mucho mayor del que se viene realizando y es bueno tener en claro que el protocolo no puede ser una medida aislada”, puntualiza de entrada Valeria Plaza, abogada, investigadora y coordinadora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos (DD.HH.) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Desde allí, hace cuatro semanas, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con apoyo de 11 organizaciones sociales y de DD.HH. y un total de 14 equipos de investigación académica, elevaron una carta al Gobernador Juan Schiaretti transmitiendo la preocupación por “los graves hechos de violencia institucional” protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses. 

Previamente, desde la UNC se había presentado ante las autoridades el relevamiento sobre la actuación de las fuerzas de Seguridad en Córdoba. Es por ello que en la misiva al mandatario provincial se hizo hincapié en que los casos de “violencia letal” se inscriben en un contexto de “aumento y profundización de prácticas de hostigamiento policial”.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia murieron un total de ocho personas y se suman los casos de Bell Ville y San Francisco, donde policías dispararon a jóvenes en el marco de controles callejeros, hieriendo a uno.

En Villa La Tela, mataron a Gastón Miranda de 27 años; en Villa Adela, la Policía asesinó a Fabián Perea de 28 años; en barrio San Lorenzo, mataron a Franco Sosa de 23 años; en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras los disparos de un policía retirado; José Ávila que tenía 35 años fue asesinado en Villa El Libertador por dos policías que no reportaron el hecho; en Córdoba capital; los otros dos crímenes son de dos adolescentes: uno en Córdoba capital y otro, esta semana en Paso Viejo, ambos fusilados por la espalda. 

El asesinato de Valentino Blas Correas, que conmocionó a la población cordobesa y produjo una limpieza en la cúpula policial, parecía en agosto ser el punto de inflexión al accionar violento de la fuerza, pero en la madrugada del 25 de octubre, un disparo policial volvió a truncar la vida de otro adolescente. Joaquín Paredes tenía 15 años y estaba con un grupo de amigos en Paso Viejo, al noroeste de la provincia, cuando recibió un disparo por la espalda. Ante la situación, 36 horas después del crimen, con cinco efectivos imputados, el ministro de Seguridad, Adolfo Mosquera, apuró el paso y presentó en conferencia de prensa un protocolo de actuación policial.

En ese marco, a la pregunta que rondó estos días, de si “¿el protocolo sirve?”, Plaza no titubea y responde: “Sí, sin dudas porque ayuda a empezar a medir mucho más en qué puntos falla el trabajo policial, se puede identificar qué no se cumplió, porque la normativa es tan general que en muchos casos no permite identificar en qué punto empezó el mal trabajo de la Policía”.

“La letra del protocolo está bien, es cierto que no es una invención tan distinta a los que se han ido implementando a nivel nacional o internacional. Sin embargo, hay ciertos parámetros, o estándares en los cuales está inscripto que son interesantes”, explica la coordinadora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos en alusión a los protocolos que adoptaron algunas provincias del país en 2013 y a los cuales, Córdoba no había suscripto. Por lo tanto, con esta medida, la Provincia “intenta ponerse al día” con un proceso que ya tiene varios años iniciado a nivel nacional. 

“Es interesante tener en cuenta que el protocolo como medida aislada no resuelve los problemas de violencia institucional. Por un lado, tiene que insertarse en una serie de medidas, que ojalá el Ejecutivo empiece a dar. Y, por otra parte, entender que un protocolo no resuelve nada si no hay intención política de aplicación”, explica Plaza y agrega: “Que no sólo sea una presentación ante los medios sino que el protocolo sea aprendido por todo el personal policial, sea conocido por las y los ciudadanos para saber cómo debe conducirse el personal policial y sobre todo, y finalmente, que exista un control político, administrativo y judicial muy pormenorizado para que este protocolo no sea letra muerta”. 

 Respecto a la violencia letal, ¿cuáles son los factores que explican estos comportamientos en la fuerza policial?

- Cuando volvimos a la democracia se empieza a hablar del gatillo fácil como una acción más individual del policía pero a esta altura, transcurridos más de 30 años de la democracia, ya no podemos hablar de responsabilidad individual sino institucional. Una vez que asumimos esto, uno ya puede hablar de cosas más complejas porque no son casos aislados, el problema es institucional. Creo que no podemos seguir sosteniendo que se trata de problemas psicológicos. Más allá de que exista algún caso puntual, o perfil de que alguien tiene una tendencia homicida y se inscribe en la fuerza para ejecutarla, me parece que en términos de datos se muestra que en Córdoba, Argentina y América Latina en general, ese argumento es insostenible. Es decir, son problemas institucionales y eso hace que sea todo más complejo. 

- ¿Qué es lo que falla?

- No es una sola cosa, sino varias y todas son importantes. La formación es importante, y cuando hablamos de ella, hay que referirse de manera integral, no se trata de que haya un módulo en formación en derechos humanos, aislado del resto de la currícula, que en algunos casos lo hacen. Sino es pensar la modificación de la formación que es jerárquica, verticalizada. Se han convertido en una institución donde efectivamente la orden jerárquica es más importante que el marco normativo institucional. Entonces hay que trabajar hondamente en esta forma de entender la institución, que contemple todos planos para, al menos, empezar a limpiar algunas cuestiones y que no sea la situación que tenemos que es un combo letal, explosivo, de todas estas cosas que suceden hoy.

- ¿Hay un relajamiento del control político? 

- Claro, hay ahí un pacto de conveniencia, dejar hacer el acto policial hasta que salgan estos casos, que les afectan, pero en principio hay una idea sostenida en Argentina, y en general, de dejar que eso funcione porque no tiene solo que ver con los casos de violencia letal. Es importante entender que hay un único actor que nosotros votamos, que es el actor político que nos gobierna y es quien tiene que ejecutar el control de un cambio en la institución para que estas cosas, efectivamente, dejen de reproducirse.