El proyecto tiene la firma del diputado Carlos Alberto García (UCR), quien ya responsabilizó al gobernador Daniel Scioli y a las autoridades del IOMA "por desfinanciar la salud pública en la provincia de Buenos Aires ante la demora de alrededor de diez meses en pagar las atenciones de salud en las instituciones públicas mencionadas".

Asimismo, se le solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las fechas de devengamiento de cada una de esas deudas, el monto de los aportes de cobertura de I.O.M.A. que abonan cada uno de los municipios bonaerenses, como también el de los hospitales provinciales.

Además se requiere conocer también cuál es el mecanismo mediante el cual el Instituto de Obra Médico Asistencial percibe los aportes de parte de los empleados públicos municipales y provinciales afectados al sistema de salud de cada uno de esos ámbitos.

"El gobernador Scioli sostiene un sistema de recaudación de aportes de la obra social estatal I.O.M.A. que atenta en forma directa contra el financiamiento, y por lo tanto el correcto funcionamiento de los establecimientos de salud municipales y provinciales, provocado por el inmediato cobro de tales aportes y el enorme retraso en el pago de las prestaciones médicas realizadas por tales establecimientos, que debe abonar la mentada Obra Social", señaló el diputado García.

"Los empleados estatales que prestan funciones en tales nosocomios generan un aporte personal y de la institución que los contiene, que por razones operativas es deducido en forma directa de los montos de coparticipación que debe recibir cada Municipio, o, en su caso, en forma directa de las arcas provinciales respecto de los empleados en hospitales públicos que dependen directamente de la Provincia", remarcó García.

Y agregó: "El I.O.M.A. percibe los aportes del personal y de sus empleadores en forma ‘inmediata’ al devengamiento de los mismos. Ahora bien, tanto los hospitales y demás efectores de salud municipales, como los nosocomios provinciales, facturan sus prestaciones a las obras sociales y presentan la documentación correspondiente al I.O.M.A. para que la misma las autorice y abone, pero este último procedimiento se retrasa muchos meses, lo que significa que el prestador no cuente ni con los fondos de la coparticipación que le fueron retenidos ni con los pagos de facturas que le son debidas.

El legislador expresó que "si bien es cierto que el proceso de auditoría de la facturación requiere un cierto período de estudio y aprobación, no es razonable que el mismo se extienda desmesuradamente, es decir por más de 60 días de presentación formal de las facturas, es por ello que se prevé la confección de un proyecto de ley que establezca una forma de compensaciones entre pagos de aportes y pagos de facturas que resulte más justa y equitativa para ambas partes, obra social y prestador de salud, a cuyo fin resulta indispensable contar con la información que se solicita en el presente pedido de informes".