En un contexto caracterizado por los cuestionamientos a la adjudicación de obras públicas por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, el diputado vernista Juan Ramón Garay pidió que haya más control e inspecciones en ellas. El representante parlamentario presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo contrate profesionales, que residan cerca del lugar de construcción de las obras, para que ejerzan un seguimiento detallado de los trabajos efectuados.

El legislador busca la realización de un "control rápido, eficiente y constante" de los avances de las obras. El objetivo, dijo en la propuesta, es "detectar más errores y poder solucionarlos".

Garay expresó, en su proyecto, que el aporte de personas facultadas resulta de gran importancia para la culminación de los distintas construcciones, por lo que resulta indispensable que los contratados tengan una presencia constante y habitual en el lugar de trabajo.

En el documento legislativo explicó: "Muchas veces ocurre que, por el lugar donde se realiza la obra, resulta difícil y complejo que los inspectores con los que cuenta el Gobierno puedan realizar un control diario o habitual" del avance de las labores. Analizó que, a su vez, que los vecinos -"quienes son los beneficiarios de los trabajos"- también podrán controlar e indicarle a los facultativos el desarrollo de los trabajos.

Presupuesto.

La obra pública en La Pampa está bajo sospecha a partir del presunto direccionamiento que existe en las adjudicaciones de Vialidad a favor de la empresa constructora Omar Jubete, donde un hijo del gobernador Oscar Mario Jorge se desempeña como consultor externo.

Datos no desmentidos indican que Jubete se quedó con el 81 por ciento de los presupuestos para obras públicas del organismo desde que Jorge asumió en su cargo. En toda la década anterior ese porcentaje había sido del 25 por ciento. Incluso en los últimos días se conoció que ganó la licitación para la pavimentación de calles de Trenel con costos más altos de los que se pagan en otros municipios.

No obstante, y en relación al proyecto mencionado, Garay -legislador del oficialismo- intenta incorporar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Obras Públicas. Con la modificación de esta cláusula, se especificaría que en toda obra pública el Gobierno podrá emplear hasta el 10 por ciento de su presupuesto para el pago de personal de estudios, dirección o inspección, incluido el material instrumental y elementos de movilidad. A su vez, el gobierno pampeano tendrá que priorizar la contratación de profesionales que acrediten su domicilio cerca de las obras.

"Se busca prever que el Gobierno contrate profesionales debidamente matriculados en La Pampa y de acuerdo con las incumbencias en los títulos que tengan", especificó el diputado vernista en el documento.