Eduardo Amaya, padre del menor internado en coma, realizará hoy una presentación judicial para determinar el grado de responsabilidad del Municipio en el siniestro. Apuntó a la falta de controles.
La familia de Pablo Amaya, el adolescente de 15 años que se encuentra en grave estado tras la explosión en barrio Alta Córdoba, realizará hoy una presentación judicial para pedir que se investigue la responsabilidad de funcionarios municipales en el siniestro.
Eduardo, el padre del menor, en diálogo con Cadena 3 señaló que irá hasta las últimas consecuencias.
“Es una presentación para que se investigue hasta las últimas consecuencias la responsabilidad de Raponi, como de los funcionarios municipales que hayan debido estar al cuidado de este depósito”, aseguró.
Amaya indicó que el incendio consumió la totalidad de su casa y agradeció a la Provincia por el respaldo.
“Materialmente no me quedó nada. El fuego arrasó con todo: cocina, lavarropas, heladera, microondas, sillas, prácticamente nada”.
“Gracias a la intervención de la Provincia que nos acompañó desde el primer momento, día a día. Nos han provisto de alojamiento en un hotel a todos los miembros de la familia”, añadió.
En otro sentido, afirmó que su Pablo continúa en grave estado: “Mi hijo sigue en coma inducido. Neurológicamente presenta una leve mejoría, pero es día a día. El punto complicado es el sistema respiratorio. Están logrando que logre respirar por sus propios medios y ya continúe solo por sus propios medios. Aún sigue grave”.
Pedirán agravar la imputación a Raponi
El abogado Carlos Nayi, representante de la familia Amaya, en diálogo con Cadena 3 señaló que solicitarán en la presentación judicial de mañana un agravamiento de la imputación.
“Pediremos ser admitidos como querellantes particulares en la causa que instruye la fiscal Eve Flores. Pedir el cambio de calificación legal, porque los titulares de la empresa debieron representar el peligro que significaba el albergue de material inflamable y la cantidad”.
“Se va a pedir la inhibición de los bienes y que se analice la responsabilidad de funcionarios por la culpa. No se agota la responsabilidad en habilitar un comercio de este tipo, sino monitorear con posterioridad que se cumplan con los recaudos de la ley”, aseguró.
“Esto podría haber sido una tragedia. Dios puso la mano en momento justo. Como abogado, destaco al Gobierno provincial que permitió que los familiares de Pablo pudieron comer y tener albergue, mientras que los del Gobierno municipal le dieron la espalda y eso no debe pasar inadvertido”, añadió.
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