Así, el máximo tribunal volvió a dejar vigente el reglamento para la Justicia nacional que prohíbe a jueces y funcionarios tener actividad política y sólo lo permite para los empleados, lo que había sido modificado por el Consejo.

La medida fue adoptada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda, según se informó en Tribunales.

La Corte Suprema “estimó conveniente disponer de manera inequívoca la incompatibilidad cuestionada -comprensiva de la afiliación a partidos o agrupaciones políticas, y actuación en política- sin discriminar respecto de la jerarquía de los funcionarios o de la índole de su trabajo, con la sola excepción de los empleados y, en cuanto ellos, con los alcances establecidos en la acordada 31/84”.

Los magistrados agregaron que adoptaron la resolución “en procura de sustraer a la Justicia -como poder al que secundan todos sus agentes y en cuyos estrados pueden ventilarse cuestiones que de una u otra manera se vinculan con la política- de cualquier suspicacia respecto de su imparcialidad, que es cuestión primaria de su función trascendental”.